El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la Orden que aprobó un nuevo trasvase para el mes de julio de 2019 desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del acueducto Tajo-Segura, en este caso de 20 hectómetros cúbicos.
De ello ha informado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Blanca Fernández, al entender que «en juego está la defensa de los intereses hídricos de nuestra región, y sólo así se explica que hayamos recurrido absolutamente todos los trasvases -29 sin incluir los de mayo y junio- desde la anterior legislatura, salvo el correspondiente al mes de noviembre de 2018 al tratarse de un trasvase para abastecimiento humano en nuestro posicionamiento tan coherente como contundente; agua para beber, sí; para regar, no».
Una vez más, Fernández ha argumentado que esta decisión «no se ajusta a la legalidad vigente porque es contraria a derecho y resulta lesiva para el desarrollo de Castilla-La Mancha, en particular para los habitantes de la cuenca del Tajo». Todo ello sin contar con la parte más damnificada, a juicio de Fernández, como son los perjuicios que ocasiona a los vecinos y vecinas de los municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía, ha informado la Junta en un comunicado.
La consejera y portavoz ha añadido que «los daños sociales, económicos y ambientales que produce a estas poblaciones la práctica ausencia de agua en estos embalses son incalculables. Sólo hay que ver que, ambientalmente, el río presenta un estado ecológico lamentable como consecuencia de unos caudales objetivamente muy inferiores a los necesarios para asegurar mínimamente su ecosistema».
En este sentido, la portavoz del Ejecutivo autonómico ha explicado que «la anulación de la sentencia permitiría mantener en los embalses de cabecera más agua de la que existe actualmente, a pesar de que a todas luces es insuficiente para satisfacer las necesidades de todo tipo -ambiental, social, económico- de la cuenca cedente».
EN LÍNEA CON LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO
Un posicionamiento que va en la línea marcada por el Tribunal Supremo, que sentenció en marzo de 2019 que es necesario implementar un régimen de caudales ecológicos en el río Tajo, hasta la fecha inexistente. A este respecto, el Gobierno regional exige que los embalses de cabecera almacenen, al menos, 800 hectómetros cúbicos para garantizar los usos de la cuenca del Tajo, incluidos los caudales ecológicos.
La portavoz ha concluido aludiendo a la emergencia climática, que «nos determina que como sigamos con la misma política hídrica y como sigamos sin hacer nada eficaz en torno al calentamiento global, es más que probable que España y, por supuesto, Castilla-La Mancha en, apenas 10 años pueda contar con una cuarta parte menos de las reservas de agua que tiene en este momento», razón de más para manifestar que «quienes defienden los trasvases como opción de futuro están en una falacia absoluta».
