La Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020 entra en vigor el próximo día 1 de enero, con los objetivos fundamentales de generar riqueza, incentivando para ello el crecimiento económico y la creación de empleo, y de blindar y fortalecer los servicios públicos que configuran el Estado de bienestar.
La entrada en vigor se producirá tras la publicación hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) de la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el próximo año, que fue aprobada por las Cortes regionales el pasado 19 de diciembre.
Los presupuestos de 2020, cuyo montante total asciende a 10.505,1 millones de euros, crecen un 6,3 por ciento hasta superar los 8.000 millones de gasto no financiero, lo que permite disponer de 483,5 millones de euros adicionales con respecto a los presupuestos de 2018, los últimos aprobados.
El primero de los objetivos de estos presupuestos es generar riqueza para lo que se incentiva el crecimiento económico, así como la creación y consolidación del empleo; se promueve el cambio del modelo productivo aumentando la capacidad de innovación y la digitalización de las empresas; se fomenta la mejora de la competitividad y el crecimiento del tejido empresarial y se apuesta por la sostenibilidad ambiental como eje del desarrollo económico en la región.
El segundo objetivo estratégico es redistribuir la riqueza generada para finalizar la recuperación y consolidar el Estado de Bienestar; mejorar la calidad y la modernización de los servicios públicos y apoyar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, mejorando la situación socioeconómica de la mujer.
Ambos objetivos estratégicos se han de complementar con un tercero que tiene carácter transversal y que es la lucha contra la despoblación y el declive demográfico.
Además, estos objetivos se han de desarrollar desde el diálogo social, cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria, que prevén que en el ejercicio 2020 el presupuesto esté equilibrado y, por lo tanto, el déficit sea cero y también cumpliendo los compromisos adquiridos con los ciudadanos.
Los recursos destinados a incentivar el crecimiento y crear empleo crecen un 9,4 por ciento
Para la consecución del primero de los objetivos, incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo, los presupuestos para 2020 destinan 422,8 millones, un 9,4 por ciento más.
La financiación para potenciar la I+D+I y las nuevas tecnologías asciende a 119,2 millones, un 7,5 por ciento más, dado que se trata de una política imprescindible para incrementar la capacidad productiva de la región y la competitividad empresarial.
Todo ello es compatible con el mantenimiento de los recursos destinados a Agricultura y Medioambiente, que, con 1.400 millones, absorben cerca de un 20 por ciento del presupuesto y son la tercera partida de gasto más importante de estos presupuestos.
También Ruiz Molina ha valorado que por primera vez en los últimos ocho años se superan los 200 millones de euros en inversión, con una variación respecto a 2018 del 15,7 por ciento, dos veces y media más que el crecimiento del presupuesto no financiero.
15,3 millones al día para financiar el Estado de bienestar
Se destinan más de 5.600 millones a financiar el Estado del Bienestar, lo que supone el 71,2 por ciento del gasto no financiero o, lo que es lo mismo, más de siete de cada diez euros del presupuesto.
Con un incremento del gasto social del 8 por ciento, es decir, por encima del 6,3 por ciento que crece el gasto no financiero, el Gobierno de Castilla-La Mancha destinará cada día 15,3 millones para el Estado del Bienestar.
Dentro del conjunto de gasto social, la partida de sanidad alcanza prácticamente los 3.000 millones de euros, a gasto educativo se destinan cada día cinco millones de euros y los servicios sociales crecen un 8,4 por ciento, dos puntos más que el gasto no financiero.
Para lograr la mejora de la calidad y la modernización de los servicios públicos fundamentales, los recursos humanos y los recursos materiales son los dos factores más importantes.
Así, el gasto en personal para los servicios públicos fundamentales asciende a 3.097 millones de euros, más del 90 por ciento del gasto de personal total de la Junta; mientras que las inversiones para infraestructuras de carácter social ascienden a 129 millones, creciendo un 36 por ciento.
