La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha pedido al Ministerio del Interior que el personal en reserva que quiera incorporarse al servicio activo se destine a reforzar las unidades de violencia de género (VioGén), dado que los agentes están «desbordados» en autonomías como Castilla-La Mancha donde tienen que ocuparse de 3.274 casos activos, 1.281 de los cuales requieren protección policial.
Así lo ha dado a conocer este martes en rueda de prensa el portavoz nacional de la AUGC, Juan Fernández, quien también ha planteado que los guardias civiles en esta situación administrativa puedan sumarse a los centros penitenciarios donde, según ha indicado, desde 2013 se han destinado más de doscientos millones de euros a contratos a la seguridad privada.
Actualmente hay, según Fernández, más de novecientos agentes privados en 68 cárceles españolas cuyas funciones «podrían cumplir perfectamente los agentes de Guardia Civil procedentes de la reserva».
En este contexto, el secretario federal de la AUGC en Castilla-La Mancha, Francisco Javier García, ha explicado que la región dispone de seis centros penitenciarios y que la empresa Ombuds, que cubre la seguridad privada de cada uno de ellos, no paga a sus empleados, de modo que estos han dejado de acudir a sus puestos de trabajo y sus tareas las tienen que asumir los propios guardias civiles desatendiendo así otras funciones que les corresponden.
De otro lado, en Castilla-La Mancha, ha desgranado García, los guardias civiles prestan servicio en 239 acuartelamientos de seguridad ciudadana, de los cuales apenas 17 abren 24 horas al día durante todos los días del año, lo que supone un 7% del total, una realidad que «solo se da en este cuerpo policial».
Para contrarrestar esta situación, ha abogado por una reorganización de los cuarteles que contemple «unificar los pequeños con los grandes» para reducir su número en un nivel superior al 25% y aumentar a cuarenta el número mínimo de guardias civiles por acuartelamiento. En línea con lo anterior, ha cifrado en 1.200 los efectivos que se precisan para cubrir las necesidades de la región.
EQUIPARACIÓN SALARIAL
A propósito de las condiciones laborales de este cuerpo de seguridad del Estado, Juan Fernández ha acusado al Gobierno central en funciones de incumplir «unilateralmente» el acuerdo por la equiparación salarial entre guardias civiles y policías nacionales con respecto a la policía autonómica catalana.
En este punto, ha avanzado que la AUGC estima que faltan 275 millones de euros para lograr la igualdad de los salarios en el caso de los guardias civiles de cara al próximo ejercicio.
Del mismo modo, ha apuntado que el Ejecutivo en funciones también contraviene otra de las cláusulas del pacto relativa a la elaboración de una normativa que elimine la brecha salarial y, en ese sentido, ha dicho que la Guardia Civil es el cuerpo con menor número de mujeres, un 7%, por «la falta de turnos que permitan conciliar la vida laboral y familiar».
Igualmente, el portavoz nacional de AUGC ha pedido «reordenar» el complemento de productividad a fin de que permita a los agentes prestar servicios de manera voluntaria para paliar la falta de efectivos y abordar una reforma del modelo policial que dote a los guardias civiles de nuevas tecnologías, mejores materiales y nuevos vehículos, pues la actual normativa, que data de 1996, está «desfasada».
De todas estas reivindicaciones, ha afirmado Fernández, tiene conocimiento el Ministerio del Interior, si bien en caso de que no se cumplan, la AUGC convocará concentraciones frente a instituciones oficiales en distintas comunidades autónomas y, en caso de que pasadas las elecciones generales del próximo el 10 de noviembre sigan sin atenderse, hará lo propio con una «gran manifestación en Madrid» en aras de reiterar estas peticiones.
