El presidente del Sindicato Central de Regantes del Trasvase Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, ha anunciado movilizaciones «continuas» y ha asegurado que buscarán fórmulas para dejar de pagar el ‘tasazo’ que abonan todos los meses en contraprestación por el agua del acueducto, como respuesta al «ataque» que supone el trasvase ‘cero’ para regadío en los meses de noviembre y diciembre.
En una rueda de prensa convocada este miércoles acompañado por los representantes de los regantes del trasvase de Alicante y Almería, Jiménez ha criticado que esta decisión «unilateral» del Ministerio para la Transición Ecológica contraviene las recomendaciones de los técnicos y se basa en información «falsa», al tiempo que trata de «culpabilizar a toda la agricultura levantina de las tres provincias de los problemas del Mar Menor».
«No vamos a pagar el pato de lo que está pasando en el Mar Menor», ha señalado el presidente del Sindicato, quien ha garantizado que habrá movilizaciones «sí o sí» pero todavía no han determinado cuáles serán por no tomar decisiones «en caliente». Adoptarán estas medidas tras someterlas al consenso de la Asamblea del Sindicato que tendrá lugar este jueves y en una próxima reunión del Círculo por el Agua que se celebrará, probablemente, el jueves por la tarde.
En cualquier caso, Jiménez sí ha afirmado que los regantes dejarán de pagar el denominado ‘tasazo’ que supone un coste mensual de un millón de euros aproximadamente -unos 13 millones anuales-, para lo cual van a inventar «fórmulas de impago».
Asimismo, ha avanzado que este jueves, al finalizar la Asamblea del Sindicato, sobre las 13.15 o 13.30 horas, se desplazarán «paseando» a la Delegación del Gobierno, cuyo responsable, Francisco Jiménez, ya se puso en contacto con ellos este martes por propia iniciativa y les trasladó su intención de hablar con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
«No hemos tenido ningún contacto con el Ministerio, que organiza las comisiones centrales de explotación con oscurantismo para el Levante, pero no para los municipios ribereños, que están siempre presentes», ha lamentado Jiménez.
CON EL CRITERIO DEL MAR MENOR, LA AGRICULTURA «HA MUERTO»
Si el Ministerio usa el criterio del Mar Menor, ha advertido que la agricultura «ha muerto» en Murcia, Alicante y Almería, y ha emplazado a los líderes políticos de las tres provincias a posicionarse en este asunto. «Pretenden cargarse esto a la brava cobrándonos la tarifa», lamenta el presidente del Sindicato, quien lo tacha de «desfachatez».
«La verdad es que el Gobierno central está empecinado en darnos un final de año abiertamente amargo», ha lamentado Jiménez, quien cree que el trasvase ‘cero’ aprobado en diciembre «significa, pura y llanamente, una decisión política desvergonzadamente falsa». Además, cree que «intenta culpabilizar a toda la agricultura levantina de un problema medioambiental como es el Mar Menor».
A este respecto, ha precisado que es una decisión «falsa» porque «hay agua», tal y como dicen los propios técnicos del Ministerio, a quienes «hacen una vez más caso omiso, menospreciándolos». Además, señala que es «falsa» porque «no está en riesgo el abastecimiento humano».
Ha recordado que las reglas de explotación salvaguardan, en primer lugar, los intereses de la cuenca cedente, en segundo lugar el abastecimiento y, por último, si sobra agua se otorga para regadío», según Jiménez, quien destaca que los propios técnicos del Ministerio aseguran que hay 108 hm3 para un semestre y, de momento, «llevamos cero concedidos».
Asimismo, ha reprochado que la decisión es «falsa» porque «nadie puede demostrar que dejando a la agricultura de Alicante, de Murcia y de Almería en secano vaya a mejorar la situación del Mar Menor». Por el contrario, ha advertido que esta medida «pone en jaque a toda la agricultura», y un sector primario que «en recientes tiempos de crisis ha mantenido la economía regional».
En concreto, lamenta que se pone en «jaque» el sector, precisamente, cuando se anuncian tiempos de recesión, «sin saber si estás medidas afectan en mayor o menor medida a los mercados, si pueden desestabilizar o hacer caer a un sector que mantiene muchísimos puestos de trabajo en estas regiones».
ESPERA QUE EL MINISTERIO CUENTE CON UN PLAN ‘B’
Además, advierte que la medida «pone en jaque también la propia desalación» porque, si no llega agua procedente del trasvase, esto práctica «es inviable no ya por el precio, sino por la propia regulación del recurso, que está preso en la costa y que solamente con el uso de comunidades de regantes cercanas a la desaladora es posible que otras comunidades puedan recibir recursos procedentes del trasvase».
Si no se emite un Decreto de Sequía a principios de la campaña para abrir pozos, si no se puede trasvasar agua y no se puede poner en marcha la desaladora, Jiménez se pregunta «con qué vamos a regar». A este respecto, cree que si alguien toma una decisión de este calibre, «debe tener un plan ‘b'» que espera que el delegado del Gobierno les transmita este jueves.
«Tendrá que decirnos el plan ‘b’, que contenga quizá subsidios para 100.000 personas», según Jiménez, quien ha afirmado que el 99% de los regantes tiene sus negocios implantados «de acuerdo a la ley», no solo grandes empresas que se pueden ir a operar a otro país, sino pequeñas o medianas empresas «que son de aquí y los agricultores por cuenta ajena, que son legión y no se pueden ir a otro lugar».
En cambio, lamenta que el Ministerio sí pone «en salvaguarda» el ‘tasazo’, a pesar de que «toman decisiones desvergonzadamente falsas». De esta forma, los regantes tendrían que seguir pagando «millones de euros» a pesar de no recibir agua y no poder generar riqueza ni dividendos con los que mantener sus empresas.
«La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, su secretario de Estado y su director general han debido de creer que en estas comunidades y, al menos, en el sector agrario habitan una manada de imbéciles», ha aseverado Jiménez, quien cree que la dirección del Ministerio se ha plagado de «auténticos ilusos».
A este respecto, ha defendido que los regadíos del Levante «no tienen en absoluto la culpa de lo que esté ocurriendo en el Mar Menor», y ha insistido en que «no vamos a pagar este pato gratuitamente».
Ante todo ello, ha asegurado que el Sindicato recurrirá esta decisión «política, basada en falsedades y que pretende culpabilizar al trasvase y a los regantes del Levante de todos los males que estén ocurriendo en estas regiones».
«Vamos a inventar fórmulas de impago», ha asegurado Jiménez, quien ha afirmado que van a intentar, en la medida de lo posible, devolverles esta decisión «aberrante» en contra del regadío mediterráneo. «Lo que quieren es cerrarnos las ‘chuches’ del quiosco pero mantener el quiosco abierto y cobrando».
Ha advertido que el Sindicato va a recurrir en los tribunales todo lo que considere «recurrible», pero ha reconocido que este proceso llevará «mucho tiempo» y la economía de los regantes «se puede ir al garete». Por ello, va a inventar fórmulas de impago, estudiando quizá lo que cuesta avalar ese impago o si cabe algún tipo de objeción fiscal.
Ha avanzado que el Círculo del Agua se reunirá probablemente este jueves por la tarde y, en consenso con la Asamblea general del Sindicato, comenzarán movilizaciones «continuas y que irán creciendo en intensidad» para hacer frente a un ataque que también parece «continuo».
«Si por algún tipo de sueño de verano, el Ministerio entiende que la población levantina afecta a algún acuífero o al uso de agua potable, no sé, del lince ibérico, nos pueden obligar a hacer a los ciudadanos pagar otros seis millones de euros sin recibir otra gotita de agua», ha lamentado.
