Así se desprende del último Observatorio de deuda realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que indica, en cuanto a las comunidades autónomas, que el subsector presenta un riesgo de sostenibilidad «ligeramente alto» a nivel agregado, pero dispar a nivel individual, ya que hay cuatro comunidades con riesgo muy alto (Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia).
Las principales vulnerabilidades siguen siendo el elevado nivel de endeudamiento y la creciente dependencia de los mecanismos extraordinario de financiación, que limita los incentivos de vuelta a la disciplina de mercado, explica el observatorio.
Solo cinco comunidades autónomas –Islas Canarias, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco– alcanzarían una ratio de deuda inferior al 13% del PIB (el porcentaje de referencia) en los próximos 30 años bajo un escenario de política constante.
Bajo un escenario normativo, todas las regiones, menos Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Murcia y Cataluña, lograrían alcanzar el límite de referencia del 13% antes de 2040.
Por último, la AIReF subraya que el subsector de entidades locales se encuentra en un mínimo histórico, con depósitos bancarios suficientes para amortizar casi la totalidad la deuda. No obstante, advierte de que existen grandes ayuntamientos «altamente endeudados», como Barcelona, Zaragoza, Madrid, Málaga, Murcia, Palma, Córdoba, Valencia, Sevilla, Valladolid y Alicante.
EN EL CONJUNTO DEL PAÍS
En el conjunto del país, la AIReF advierte de que la ratio de deuda sobre PIB se estabilizará en la próxima década en el entorno del 90% en caso de que se mantengan los saldos presupuestarios de los distintos subsectores en su nivel actual y principalmente por el gasto de las pensiones. La ratio se volvería creciente a partir de entonces, pudiendo alcanzar el 132,2% del PIB en 2048.
Del mismo modo, calcula que el impacto de la deuda pública de las recientes previsiones del gasto en pensiones, del que se desprende el riesgo de que la ratio de deuda sobre PIB se estabilice en el entorno del 90% en los próximos diez años en un escenario inercial a políticas constantes, que implica mantener los saldos presupuestarios de 2018, y teniendo en cuenta el gasto acumulado de mantener el poder adquisitivo de las pensiones.
La AIReF calcula que la vinculación de las pensiones a la inflación supondrá una presión sobre el gasto, especialmente a partir de los años 30, como consecuencia de la jubilación de la generación del ‘baby boom’, lo que elevará el gasto en pensiones del 10,6% actual al 13,4% del PIB en 2048, y como consecuencia el déficit primario del sistema de pensiones supondrá un incremento en deuda acumulado cercano a 50 puntos de PIB en 2048.
De esta forma, la ratio de deuda sobre PIB podría pasar, en un escenario de políticas constantes, del 88,8% del PIB en 2030 al 132,2% del PIB en 2048, con una previsión de déficit del sistema de la Seguridad Social del 1,5% del PIB en el promedio 2018-2048, si no se toman medidas adicionales que supongan un aumento de recursos o contención del gasto.
En un «escenario normativo» en el que se asuman las presiones procedentes de la actualización de las pensiones al IPC, la AIReF calcula que la deuda pública podría estabilizarse por debajo del 75% del PIB si hay una política fiscal convergente al equilibrio presupuestario en el largo plazo, orientada a conducir el ‘stock’ de la deuda de los distintos subsectores a su nivel de referencia: 13% del PIB para las comunidades autónomas, 44% para el Estado y la Seguridad Social.
Eso sí, apunta que este escenario implicaría alcanzar y mantener indefinidamente saldos primarios muy exigentes desde una perspectiva histórica, en particular para la Administración Central, en línea con los máximos observados en los últimos 20 años, de forma que tendría que mantener un superávit primario del 2% para financiar el creciente déficit de las pensiones.
REFORMAS PARAMÉTRICAS PARA EL OBJETIVO DEL 60%
Ante estas estimaciones, la AIReF aboga por profundizar en las reformas paramétricas de 2011 para mejorar la sostenibilidad, y apunta que el cierre de la brecha de la edad legal y efectiva en 2048, y alargar a 35 años el periodo de cómputo de la pensión inicial supone un gasto en pensiones similar a la revalorización con el IRPF al final del periodo. Estas reformas implican un saldo primario promedio del periodo del 0% y un impacto en deuda del 5% del PIB.
El tercer escenario que maneja la AIReF contempla que para alcanzar una dinámica de reducción continuada de la ratio de deuda hasta el nivel de referencia del 60% del PIB requiere la implementación de esas reformas paramétricas. Bajo ese supuesto, el cumplimiento de las reglas fiscales combinado con estas reformas permitirá reducir la ratio de deuda al nivel del 60% en 2013.
