El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha de este martes ha aprobado el decreto para el reconocimiento de la situación de Dependencia y del Derecho de acceso a los servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la región que, entre otras mejoras, contempla la reducción del plazo en el que se valorará a los menores de seis años beneficiarios. El plazo será de entre tres y seis meses como máximo.
Así lo ha avanzado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, quien, en rueda de prensa, y tras detallar las novedades que incluye este decreto que entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), ha indicado que el Ejecutivo autonómico no contempla contratar a más personal para desarrollar dicho decreto, pues la «agilización de trámites estará compensada con la inversión que se hace en programas informáticos».
En el caso de los menores, que tendrán un profesional de referencia durante toda la tramitación del proceso, la consejera ha explicado que cuando el actual Ejecutivo llegó al Gobierno la media de atención era de 14 meses. «Los profesionales han hecho un esfuerzo impresionante para disminuir esos plazos, habida cuenta de que las solicitudes de petición y revisión de solicitud se han duplicado», ha agregado.
Junto a los menores, el Ejecutivo regional priorizará los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad, así como a las personas en situación de vulnerabilidad. De igual modo, este decreto, que deroga el anterior de 2013 e incorpora «importantes mejoras», simplifica trámites y documentación a aportar y regula la determinación de la capacidad económica de la persona beneficiaria de servicios o prestaciones, así como la gestión de las prestaciones económicas.
«A partir de la entrada en vigor de este decreto las personas que soliciten revisión de valoración de dependencia tendrán que adjuntar tan solo un informe médico que certifique su estado de salud, pero no aportarán más documentación si no se opone de oficio el equipo multidisciplinar», ha destacado Sánchez.
El nuevo decreto, ha proseguido la titular de Bienestar Social, establece de igual modo una cuantía mínima del 33 por ciento o de 10 por ciento para las tres prestaciones económicas que se pueden percibir, como son la de Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar (PECE), que reciben los familiares o profesionales; la prestación vinculada al servicio, para que junto a su prestación pueda acceder a cualquier servicio; y la prestación de asistente personal, que acompaña a una persona en situación de Dependencia.
La nueva regulación permitirá además compatibilizar el servicio de Centro de Día con el 50 por ciento de la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar, y mejora las prestaciones vinculadas al servicio de atención residencial para mayores con grado 2 y que estén en lista de espera de una plaza pública en un centro residencial de la región.
Según ha indicado la consejera, este decreto lleva incorporado un incremento presupuestario anual de 2,8 millones de euros. Así las cosas, ha detallado que tanto la compatibilidad del centro de día con la Prestación Económica para Cuidados en el Entorno Familiar como la mejora las prestaciones vinculadas al servicio de atención residencial para mayores con grado 2 entrarán en vigor dentro de seis meses.
Preguntada sobre los efectos que la ausencia de presupuestos para 2019 puede tener sobre estas nuevas medidas en materia de dependencia, Aurelia Sánchez ha defendido que los cambios que contempla el incremento económico entrarán en vigor «previsiblemente en agosto». «Pero siempre se podrán hacer las modificaciones oportunas para que la personas en situación de dependencia estén atendidas», ha concluido.
