La inversión destinada a la asistencia jurídica gratuita en Castilla-La Mancha ha alcanzado los 8,2 millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del 14,6% respecto al año anterior, mientras que los abogados adscritos al turno de oficio en la comunidad autónoma atendieron 51.509 asuntos el año pasado, un 2,7% más que en 2017.
En concreto, en la comunidad autónoma se han tramitado en turno de oficio 33.928 asuntos, se ha asistido a 15.892 detenidos y se han registrado un total de 1.689 procedimientos en violencia de género, tal y como ha avanzado el decano del Colegio de Abogados de Toledo, Ángel Cervantes, durante un encuentro con los medios con ocasión del Día de la Justicia Gratuita, que se celebra este viernes, 12 de junio.
Cervantes ha criticado las diferencias que, a su parecer, existen entre las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias de Justicia y las que no -Castilla-La Mancha se encuentra entre estas últimas-, especificando que en la región un letrado de oficio cobra tres veces menos que uno de Navarra.
Ha añadido, a modo de ejemplo, que por un procedimiento matrimonial un abogado de oficio que ejerce en Castilla-La Mancha recibe entre 200 y 240 euros, mientras que otro de Navarra se embolsa entre 600 y 660 euros.
Preguntado por si aboga por que se transfieran las competencias de Justicia a la región, se ha mostrado partidario siempre y cuando los profesionales tengan unas condiciones similares a las de los abogados de País Vasco, Cataluña o Navarra, donde las retribuciones son «bastante mejores».
«Podéis hacerle la pregunta a Emiliano (García-Page) y, si me lo iguala, pues yo creo que no tendríamos inconveniente. Pero yo creo que este tema no está en la agenda del Gobierno regional hasta donde yo sé», ha comentado.
REIVINDICACIONES
Respecto a las demandas de los letrados del turno de oficio de la provincia toledana, que cuenta con 807 colegiados ejercientes, de los cuales 211 están adscritos al turno de oficio, Ángel Cervantes ha exigido recuperar el poder adquisitivo perdido desde 1996, pues la subida del año pasado no se realizó en línea con el IPC; poner fin a los retrasos en pago de las retribuciones y contar con unas instalaciones adecuadas para desarrollar su labor en los juzgados.
Consciente de que todavía no se ha formado el Gobierno central, ha pedido poner en marcha una comisión mixta para homogeneizar los baremos y que se abonen actuaciones que quedan sin retribuir como comparecencias de prisión, ejecuciones penales, nuevos incidentes hipotecarios y recursos de reforma.
«Estar en turno de oficio no significa que no estemos retribuidos dignamente. La justicia social no es un gasto sino una excelente inversión en paz social», ha aseverado el decano del Colegio de Abogados de Toledo.
Del mismo modo, ha precisado que, según la encuesta realizada para el XIII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita en España, la justicia gratuita es el servicio público mejor valorado por encima de la sanidad y la educación, con una nota media de 85 puntos sobre 100, esto es, un notable alto. En este punto, ha agregado que las quejas son «poquísimas» y que los expedientes deontológicos son «escasos pero insignificantes».
Tras el encuentro con periodistas, se ha celebrado el acto institucional en el Colegio de Abogados de la capital castellano-manchega, seguido de la lectura de un manifiesto en la puerta del Juzgado, punto desde el cual ha partido una caminata de los letrados en dirección a la Puerta de Bisagra.
