El Gobierno de Castilla-La Mancha se muestra convencido de que las derivaciones de agua para riego del Tajo al Levante son totalmente «insostenibles» y que es necesario un cambio en materia hídrica a nivel nacional en el que se tenga en cuenta los intereses de todos los ciudadanos, «también los de Castilla-La Mancha», porque existen alternativas para el regadío en la zona del Segura, como las desaladoras, que no harán necesario el trasvase.
Esas bases se están sentado desde el Gobierno central, donde ya existe el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica tras la reunión mantenida con el jefe del Ejecutivo regional Emiliano García-Page la semana pasada en Toledo, de que los municipios ribereños puedan, por primera vez en la historia, contar con voz a la hora de adoptar decisiones en materia de agua, estando cada vez más cerca que se tengan en cuenta «los intereses de la cuenca cedente frente a la receptora», ha informado la Junta en nota de prensa.
Así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, tras conocer que la Comisión Central de Explotación del trasvase Tajo-Segura, en su reunión de este lunes, ha propuesto una nueva derivación de 20 hectómetros cúbicos desde los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía para atender las necesidades hídricas de las cuencas receptoras durante este mes de agosto, lo que significa que el sistema se mantiene en situación hidrológica excepcional o nivel 3 que se inició en el mes de mayo. Una propuesta que a partir de ahora tiene que ser ratificada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
Martínez Arroyo ha destacado que esta decisión técnica se produce «ni más ni menos» que por la existencia de un Memorandum del año 2013 «injusto» y que «no tiene en cuenta los intereses de los ciudadanos de Castilla-La Mancha».
Y es que el mismo texto señala como cifra de referencia a tener en cuenta para el 1 de agosto hasta un máximo de 661 hectómetros cúbicos de agua embalsada en la cabecera del Tajo, para que se considere un nivel 3, lo que conlleva una derivación automática de 20 hectómetros cúbicos como se ha dado el caso de la propuesta de hoy, al estar Entrepeñas y Buendía en 546,4 hectómetros cúbicos a fecha 1 de agosto de 2019.
Solo si se encontraran por debajo de los 400, no habría trasvase, al considerarse un nivel 4. «Algo totalmente injusto», ha remarcado Martínez Arroyo.
Y esto, ha subrayado, es lo que hay que cambiar, porque se trata de una normativa que «perjudica» los intereses de Castilla-La Mancha y a la salud medioambiental del propio río.
Para ello, se sigue a la espera de la conformación de un Gobierno en España, como el existente en el último año, con quien Castilla-La Mancha ha tenido un diálogo «siempre abierto y con buena sintonía», ha subrayado.
EL NUEVO TRASVASE SERÁ TAMBIÉN RECURRIDO
Siguiendo con la «misma línea» planteada desde la llegada de Emiliano García-Page a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, este nuevo trasvase, ha explicado Martínez Arroyo, se va recurrir.
Por este motivo, se van a buscar estrategias diferentes para conseguir que se pongan por delante del Memorandum las normativas de aguas existentes a nivel nacional y europeo.
«Es simplemente una cuestión de cumplir con la legalidad», ha reseñado Martínez Arroyo, quien ha recordado que se va a hacer siempre «con la mano tendida» y con solidaridad, hacia los agricultores del Levante que hoy riegan con agua del trasvase y que seguirán haciéndolo, pero con agua proveniente de la desalación.
«Queremos que siga habiendo agricultores en el Levante que puedan regar sus cultivos, pero también queremos que los agricultores de Castilla-La Mancha tengan agua para generar desarrollo y empleo» y que el agua nos permita, además, «mantener unos caudales ecológicos adecuados para la cuenca del río Tajo», ha finalizado.
