La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha asegurado que otras comunidades autónomas deben tomar el ejemplo de Castilla-La Mancha que aspira a depurar el cien por cien de sus aguas residuales y que ha invertido 109 millones de euros en la puesta en marcha de depuradoras.
Preguntada sobre el nuevo reglamento de la Unión Europea (UE) sobre el uso del agua depurada que recoge expresamente que deben suponer una alternativa a los trasvases, la consejera ha afirmado que por primera vez «Europa empieza a hablar el mismo idioma del Gobierno regional en defensa del agua y del río Tajo».
Para García Élez es el momento de recoger el fruto en Castilla-La Mancha, de asociaciones y colectivos que vienen defendiendo el río Tajo desde hace años, por lo que esta nueva normativa demuestra la preocupación sobre los caudales ecológicos de los ríos, y en el caso del Tajo, que no son «ni caudales ni mucho menos ecológicos».
Prueba de ello, ha señalado, es que la velocidad del trasvase Tajo-Segura es de 20 metros cúbicos por segundo, y la que discurre por Aranjuez se ha reducido a 9 metros cúbicos segundo.
En este sentido, la consejera ha destacado que esta normativa les anima a seguir trabajando pues, por primera vez, se ha aprobado una normativa de obligado cumplimiento para los países miembros de la UE, sobre la reutilización de agua depurada para agricultura y regadío, lo que supone «poner freno al trasvase».
«El Gobierno regional va a seguir apoyándose en Europa para que, a través de normativas, se recoja una voz común de vale ya, no podemos seguir mirando a Castilla-La Mancha cuando se necesita agua en otras zonas», ha apuntado. Según la consejera, se necesita apostar por las aguas depuradas, pues en el Tajo medio hay un problema de mala calidad del agua y eso se debe a la pésima depuración de otras comunidades autónomas.
Al respecto, ha exigido que las comunidades autónomas vecinas tiene que apostar por la depuración como lo hace Castilla-La Mancha, que ha puesto en funcionamiento 57 de las 157 depuradoras que se pararon con el anterior Ejecutivo, y cuyo objetivo es llegar a depurar el cien por cien de las aguas residuales para no contaminar los ríos.
