El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pagado ya, en lo que va de campaña de la Política Agraria Común (PAC), un total de 550 millones de euros, lo que supone «todas las ayudas del primer pilar: pago básico, pago verde e incorporación de jóvenes agricultores».
Así lo ha indicado este jueves el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en respuesta a una pregunta oral de la diputada del PP Lola Merino, sobre cómo iba a afrontar la Consejería el pago de las ayudas agrarias si no cuentan con un presupuesto aprobado para 2019.
El consejero ha señalado que, para hacer frente a los pagos, «se comprueba que existe crédito suficiente para afrontar el compromiso», asegurando que en esta legislatura «se ha resuelto mucho más rápido y se está pagando mucho más rápido».
Por otra parte, el titular de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural le ha recordado al diputado del PP Antonio Martínez que la convocatoria para incorporar al cuerpo de agentes medioambientales en Castilla-La Mancha se abrió el 22 de febrero y que, si actualmente hay «apenas 500 agentes» -como ha reprochado Martínez al consejero- es porque «Cospedal echó a 200».
De otro lado, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, en ausencia de la titular de Fomento, Agustina García Élez, ha respondido a la diputada del PP Ana Guarinos que el Ejecutivo regional «ya ha retomado» el proyecto de construcción de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Sigüenza (Guadalajara), en la que se van a invertir «más de cien mil euros».
SANIDAD Y DEPENDENCIA
El consejero, por otra parte, no ha ofrecido el número de servicios que han realizado las grúas para recoger ambulancias del transporte sanitario durante 2018, dato por el que le ha preguntado el parlamentario del PP Lorenzo Robisco, ha apuntando que no se ha preocupado de ello y sí de que la región está dando «un servicio mejor», que cuenta «con un 98% de satisfacción». Robisco, no obstante, ha señalado que en 9 meses se realizaron 326 servicios de grúa, cuestionando si esa cifra bate o no un récord.
Finalmente, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, interpelada por la diputada del PP Cortes Valentín, ha apuntado que las prestaciones económicas de los familiares de dependientes «se reactivaron desde el principio de legislatura» y que, según los últimos datos del Imserso son casi 59.000 los beneficiarios de prestaciones.
«Eso no se lo cree ni usted», ha contestado la parlamentaria ‘popular’, que ha reseñado que el Gobierno «ha perdido 4.000 prestaciones económicas» y «va a dejar casi 7.000 personas en el limbo de la dependencia».
