El juzgado de lo Penal número 3 de Albacete juzgará este lunes, 2 de diciembre, a siete acusados de tres presuntos delitos de defraudación a la Hacienda Pública. La Fiscalía pide para ellos penas que van de los dos a los cuatro años de prisión y multas que van de los 305.668,04 euros a los 1.493.260,36, la de mayor cuantía. Asimismo, la Fiscalía reclama una indemnización conjunta para los acusados en 1.064.490,6 euros.
Según recoge el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, los acusados de este presunto fraude que se circunscribe al año 2007 eran representantes de tres empresas que se dedicaban a traer a España coches de países de la Unión Europea, los facturaban después a las empresas de salida para que pudieran repercutirse el IVA, IVA que las empresas de los acusados no habían ingresado, «fingiendo una venta que no había existido».
La misión de estas empresas, y de los acusados que las dirigían y actuaban en todo momento de común acuerdo con las empresas de salida, era la de dar cobertura a la entrada de los vehículos en España, cuando en verdad los turismos eran adquiridos realmente por las empresas de salida.
Las de salida realizaban transferencias bancarias a las empresas de primer nivel para que éstas, casi siempre el mismo día, transfirieran el dinero a las empresas comunitarias vendedoras, y que, una vez tenían el dinero en su poder, mandaban los coches a España, a las empresas de salida, que disponían de los sellos de las empresas de primer nivel para sellar la documentación de los coches y permitir así que los mismos fueran descargados.
Ninguna de estas empresas de primer nivel tenía estructura empresarial para prestar los servicios y sus administradores, a cambio de una compensación económica y conocedores en todo momento del alcance de la trama, seguían las instrucciones y confeccionaban las facturas o consentían que las confeccionaran por ellos.
De acuerdo con lo anterior, las cantidades defraudadas por las empresas de salida correspondientes al IVA del año 2007 ascienden a 746.630,18 euros por parte de una de las empresas, de 165.026,40 euros por parte de una segunda y de empresa 152.834,02 euros por parte de la tercera, usadas para la defraudación «en la que han colaborado activamente los acusados que figuran como responsables de las empresas de primer nivel» y que son los implicados en esta causa.
