La Federación Regional LUNA, que trabaja en Castilla-La Mancha para promover y defender los derechos e intereses de las mujeres y niñas con discapacidad, ha reclamado en las Cortes de Castilla-La Mancha que las políticas que elaboren las administraciones dirigidas a este colectivo cuenten con las verdaderas protagonistas.
«Nada para nosotras sin nosotras», ha pedido la presidente de esta federación, Ana Quintanilla, durante su comparecencia en la comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad de las Cortes de Castilla-La Mancha celebrada este martes, en la que ha desgranado las múltiples discriminaciones y problemas que presenta este colectivo, que aglutina a cerca de 100.000 mujeres en la región.
Y es que desde esta federación, a pesar de admitir que se han dado pasos en pro de las mujeres con discapacidad, reclaman una atención integral a fin de paliar el déficit que en empleo, educación, pensiones, cultura e incluso en sanidad presenta este colectivo.
Sobre éste último aspecto, Quintanilla ha puesto voz a las dificultades a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad a la hora de asistir a un centro de salud o un hospital, donde no existen ni los recursos ni los profesionales preparados para poder atenderlas a la hora, por ejemplo, de realizar una revisión ginecológica. Esto hace, ha lamentado, que muchas mujeres con discapacidad no acudan a realizar estas pruebas.
Dicho esto, la presidenta de la Federación Regional LUNA ha alertado de que los desahucios no son la única problemática a la que, en materia de vivienda, se enfrenta el colectivo al que representa, pues la falta de accesibilidad hace que en muchas ocasiones la vivienda para las mujeres con discapacidad no se considere «un hogar sino una cárcel». «Hay muchas que no pueden ni ir a comprar el pan», ha alertado.
GARANTIZAR EL DERECHO A LA VIVIENDA
De su lado, el portavoz de Podemos en la comisión, David Llorente, que ha lamentado que en este colectivo de las mujeres con discapacidad concurran múltiples factores adversos que van asociados a la discriminación a la hora de ejercer sus derechos fundamentales, ha recordado que el Gobierno regional tiene la obligación de garantizar los derechos básicos de este colectivo, sobre todo el derecho a la vivienda, en cumplimiento de los mandatos de la ONU.
«El Gobierno regional inició la legislatura asumiendo el compromiso de que no habría desahucio sino una alternativa habitacional, no una cita con los servicios sociales, ni una ayuda temporal, ni una estancia en un albergue, sino una estancia alternativa con alquiler social», ha insistido Llorente, en alusión al desahucio este pasado lunes en Guadalajara de una mujer con un 66 por ciento de discapacidad.
Mientras, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista, Fernando Mora, ha incidido en la necesidad de trabajar para que el acceso a la sanidad, a la educación o al empleo de este colectivo sea una auténtica realidad a fin de que la inclusión sea total y absoluta.
Por último, la diputada ‘popular’ Cortes Valentín, ha dicho que la mejor forma de conseguir la igualdad para el colectivo de las mujeres con discapacidad es poner en marcha tanto los programas como las medidas que incluye el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
