Save the Children ha denunciado que el 70 por ciento de los casos de abusos sexuales a menores son sobreseídos y, por tanto, no terminan en sentencia, principalmente por falta de pruebas, ante la decisión del jugado de instrucción número 6 de Fuenlabrada de entregar a una niña de 5 años a su padre, denunciado por abusar sexualmente de ella.
«Se denuncian muy pocos casos porque es muy difícil demostrarlos, los abusos sexuales se producen con amenazas para que se mantengan en secreto entre la menor y el abusador», ha subrayado la ONG.
Si bien, la directora de Políticas de Infancia de Save the Children, Ana Sastre, ha precisado que aunque la mayoría de estos casos no llegan a prosperar, «esto no significa que no estén ocurriendo».
En muchas ocasiones, según ha matizado, no se le da validez a la declaración del propio menor de edad, algo que está íntimamente relacionado con el hecho de que los niños tengan que contar los abusos, una vez denunciados, hasta cuatro veces de media, en procesos «demasiado largos» y ante juzgados «no especializados».
Por ello, ha pedido que se apruebe «urgentemente» la Ley para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia, que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha anunciado que llegará al Congreso en el primer semestre de 2019.
DECLARADOS EN RIESGO
Una de las medidas que propondrá esta ley, según indica la ONG, es que los niños y niñas que pasan por un proceso legal por abusos sexuales en el marco de un divorcio, como en el caso de Fuenlabrada, sean declarados en riesgo y reciban apoyo y seguimiento, independientemente del proceso judicial.
«La decisión del juzgado debe proteger al niño o niña y ante una duda de posibles abusos siempre hay que garantizar que el menor esté a salvo de cualquier agresión física o psicológica, por encima de cualquier otro derecho», afirma Sastre.
La ley también incluirá, entre otras medidas, una formación a profesionales de la justicia sobre las características de los abusos sexuales a la infancia y la obligación, por parte de jueces y magistrados, de reflejar en la motivación de sus sentencias una valoración del interés superior del menor.
El abuso sexual es una de las formas de violencia más graves, según recoge el informe de Save the Children ‘Ojos que no quieren ver’, no solo por la gravedad de los hechos, sino por «su prevalencia (entre un 10 y un 20 por ciento de la población ha sido víctima de abusos sexuales en la infancia), la cercanía de los agresores (6 de cada 10 son conocidos por sus víctimas) o la dificultad para detectar los casos».
