El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado la oferta de empleo público correspondiente al año 2018 acordada por el Gobierno y los sindicatos dotada de 3.442 plazas, de las cuales 1.413 irán destinadas a sanidad, 1.050 a educación y 979 a Administración General. Además, el 7 por ciento del total de las plazas ofertadas se reservan a personas con discapacidad física o intelectual, es decir, 241 plazas.
Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos aprobados esta semana correspondientes a su departamento.
Esta oferta de empleo público se adopta tras haber sido negociada con los sindicatos en la Mesa General de Negociación que se celebró el pasado 18 de septiembre y que no contó con ningún voto en contra, aunque sí con las abstenciones de STAS y de SATSE.
Esta oferta se enmarca en la segunda fase del Plan de Impulso a los Servicios Públicos que se aprobó en Consejo de Gobierno en noviembre de 2015 y que tenía como objetivo recuperar los estándares de calidad en la prestación de los servicios públicos, así como blindar las plantillas de los empleados públicos.
Dicho Plan preveía inicialmente 6.600 plazas y, sin embargo, finalmente ascenderán a 12.000 cuando se apruebe la oferta de empleo público de 2019.
Este incremento, según ha explicado el consejero, es consecuencia de que a la tasa de reposición se suma ahora la tasa de estabilización del empleo temporal que permite incorporar a la oferta de empleo público las plazas ocupadas por interinos que cumplan determinados requisitos, tal y como se recoge en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
SE HAN AGOTADO TODAS LAS POSIBILIDADES
El titular de las cuentas regionales ha señalado que para llegar a las 3.442 plazas aprobadas este martes se han agotado todas las posibilidades que se prevén en la ley de PGE para 2018 que, junto con una tasa de reposición del cien por cien, «nos permitía un 5 por ciento adicional, aparte de la tasa de estabilización», ha continuado.
Los procesos selectivos en todos los sectores se realizarán mediante el sistema de concurso-oposición y, tal y como se anunció el año pasado, la oferta pública de empleo de 2017 y de 2018 se van a ir acumulando para hacer una convocatoria conjunta en lo que se refiere a los sectores de sanidad y la Administración General porque «educación lleva un ritmo totalmente diferente».
El proceso selectivo para personal funcionario y laboral se va a aprobar antes del 31 de diciembre y ascenderá a 1.804 plazas, que es la suma de la oferta de empleo público de 2017 y 2018. En el ámbito de la sanidad, el proceso selectivo será de 3.617 plazas y está previsto que se realice a lo largo del primer semestre de 2019.
El proceso selectivo en el ámbito educativo (1.050 plazas) tiene que estar finalizado en julio, por lo tanto se convocarán antes de abril del año que viene al objeto de que los nuevos funcionarios puedan incorporarse al curso escolar 2019-2020, ha apuntado Ruiz Molina.
