Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad la Ley por una Sociedad Libre de Violencia de Género, un nuevo texto legislativo que viene a actualizar la norma aprobada el 17 de mayo del año 2001 de Prevención de Malos Tratos y de Protección a las Mujeres Maltratadas y que recoge como principales novedades el mayor reconocimiento y amparo a todos los tipos de violencia que sufren las mujeres, la dotación presupuestaria para asignar ayudas a las víctimas o la ampliación de la atención psicológica.
El vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, ha tomado la palabra al inicio del debate para incidir en que la región se pone «nuevamente en la vanguardia contra el machismo» con la aprobación del texto, convirtiéndose en «un referente nacional» en políticas públicas de igualdad de género.
Guijarro ha hecho hincapié en que la ley ha sido «ampliamente participada», ya que «desde el principio se contó con profesionales, expertas y asociaciones feministas y de mujeres», y también ha recibido el respaldo de los consejos de participación autonómicos.
El vicepresidente primero ha afirmado que el Gobierno autonómico lleva «toda la legislatura» preparándose para dar cumplimiento a esta ley y ha asegurado la «viabilidad económica» de la misma. En este sentido, ha indicado que los preceptos de la ley se verán articulados por el II Plan Estratégico por la Igualdad entre Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha que el Ejecutivo regional pretende aprobar «antes de que finalice el año» como «aplicación concreta de la ley».
Por otra parte, ha realizado un repaso de la estructura de la ley, recalcando extremos como la creación de una asignatura troncal para el fomento de la igualdad de género; la vocación de «profundizar en las causas y consecuencias del machismo en su conjunto»; o el apartado que regula la responsabilidad institucional y «cómo los representantes tienen un deber a través de sus acciones públicas».
Además, Martínez Guijarro ha recordado algunas acciones que recoge la norma, como el hecho de que desde el Gobierno regional se ejercerá la acción popular en los casos de homicidios y asesinatos y se solicitará de oficio la retirada de la patria potestad en el caso de que los asesinos sean los padres de los propios menores.
Del mismo modo, ha insistido en que aquellas madres cuyos hijos sean asesinados por sus parejas o exparejas serán consideradas víctimas directas de la violencia de género.
PSOE: «VOLVEMOS A ESTAR A LA CABEZA»
La encargada de defender el dictamen del Proyecto de Ley ha sido la diputada del PSOE Pilar Callado, quien ha arrancado su discurso con palabras de agradecimiento a la veintena de asociaciones de mujeres presentes en la tribuna del Parlamento regional y con un recuerdo a las familias de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas.
«Con esta ley damos un paso de gigante y volvemos a ponernos en la región a la cabeza de la lucha contra la violencia de género, como ocurrió en 2001«, ha exhibido la diputada socialista. Dotación presupuestaria para ayudar a las víctimas, educación en igualdad o atención psicológica son algunas de las características de una ley «que ha sido la más participada de toda la historia en la Comunidad Autónoma».
PP: «NECESARIA, PERO NO INNOVADORA»
La diputada del PP Pilar Martínez ha defendido las enmiendas que mantenía vivas su Grupo Parlamentario -todas ellas rechazadas-, considerando que la ley es «necesaria, pero no innovadora» y rechazando el argumento socialista de que es «un paso de gigante».
«Llevan ustedes tanto tiempo anunciando esta ley que no han sido conscientes de que el 95% de lo que contiene ya lo recogía la anterior norma de 2001″, ha señalado, asegurando que en todo caso dejarán de lado la «discrepancia política» para «alinearse» en la defensa de las mujeres.
Otra de sus críticas ha sido la ausencia de memoria económica, «algo que también manifiesta el Consejo Consultivo»; a lo que ha sumado la escasa referencia a la red de recursos y servicios de apoyo a las víctimas o el «adoctrinamiento» que a su juicio supone la asignatura vinculada a la ley que recoge la norma.
PODEMOS: «ES UNA LEY SIN COLOR POLÍTICO»
La diputada de Podemos Maria Díaz ha tomado la palabra para poner el acento que la nueva ley «no tiene ningún color político». «Si tiene color, es el del trabajo de las asociaciones», ha dicho dirigiéndose a la tribuna.
Díaz ha continuado defendiendo que «hay que cambiar los cimientos machistas de la sociedad, combatir las injusticias y denunciar las violencias».
«Y esta ley va en ese camino. Seguridad, protección y éxito de las mujeres de nuestra tierra es también la seguridad, protección y éxito de nuestra región», ha finalizado.
