El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha enunciado cuatro grandes pactos al resto de formaciones políticas para unir fuerzas de cara a blindar una postura común de región en temas como el agua, el fomento del empleo para estudiantes, finiquitar el proyecto del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) y la financiación autonómica.
En su intervención durante el Debate sobre el Estado de la Región, García-Page ha explicado que la intención es proponer «una iniciativa legal que ponga fin al trasvase Tajo-Segura», algo para lo cual el PP castellano-manchego tendría que «apartarse de la doctrina» abanderada por el partido durante el liderazgo de María Dolores de Cospedal.
«El agua tiene que ser una escena de consenso en la región. Admiro a otras zonas de España donde se consigue», ha apuntado García-Page, quien ha recalcado el compromiso adquirido por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de doblar la capacidad de desalación en el Levante antes de 2021.
Este pacto pasaría, además, por «rectificar todos y cada uno de los planes hidrológicos de cuenca». En este punto, ha pedido al PP y a Ciudadanos que se sumen a la resolución planteada por el PSOE en el Congreso de los Diputados -apoyada por Podemos, ERC y Compromís- que, entre otras cosas, «dimensiona de otra manera los conceptos de cuenca excedentaria y cuenca cedente».
MIL EUROS PARA JÓVENES RECIÉN FORMADOS
El segundo gran pacto propuesto por el presidente castellano-manchego pasa por incentivar la contratación de jóvenes recién formados a través de contratos en prácticas dotados con al menos mil euros mensuales y por un año de duración.
«Me gustaría que se sumaran a esta iniciativa, que no tiene que ser sólo del PSOE. Hay que acabar con la brecha entre formación y primera ocasión de conseguir un empleo», ha enfatizado.
RECHAZAR LA «BARBARIDAD» DEL ATC
En tercer lugar, el presidente regional ha pedido a los ‘populares’ castellano-manchegos que se sumen a la «corriente evidente» para rechazar «la barbaridad del basurero nuclear de Villar de Cañas». «Es una ocasión inmejorable para sumarse», ha añadido.
Del mismo modo, ha pedido que este tercer acuerdo una a ambos partidos para trabajar por una Castilla-La Mancha «limpia y verde», apostando «de manera drástica» por las energías renovables «no sólo en la producción sino también en la utilización».
En este sentido, ha afirmado que el Gobierno regional quiere poner en marcha un «plan solar» que supondrá la implementación de placas solares en 861 edificios públicos que, ha dicho, «ya están catalogados y estudiados».
García-Page ha cifrado la inversión en este plan en 50 millones de euros, aunque ha defendido dicha inversión afirmando que «en tres años supondrá un ahorro de más de 150 millones».
LA FINANCIACIÓN, «CAPITAL PARA TODO LO DEMÁS»
Finalmente, Emiliano García-Page ha solicitado un acuerdo en la región sobre financiación, competencias autonómicas y fiscalidad, algo que, ha manifestado, es «capital para todo lo demás».
El presidente castellano-manchego ha recordado que este acuerdo debe tener su base en el pacto al que llegó el Ejecutivo autonómico junto a los máximos mandatarios de Aragón, Asturias, Castilla y León, La Rioja y Galicia ya que, ha incidido, esta base es «muy consensuada».
Además, ha recordado que este acuerdo plantea «algunas cosas muy transcendentes» como la de plantear «una tabla muy exhaustiva de competencias a desarrollar entre las autonomías y el Estado» con el fin de que «quede muy clara la línea divisoria» entre las competencias regionales y estatales.
En cuanto a la fiscalidad, el máximo mandatario en la Comunidad Autónoma ha hecho hincapié en su idea de que los impuestos de Patrimonio y Sucesiones tengan «un listón idéntico en toda España», alegando que hay gente «que pide sanidad y educación aquí pero se acaba llevando los domicilios fiscales donde mejor los puede esconder».
Emiliano García-Page ha manifestado que las diferencias en estos impuestos entre las comunidades autónomas provocan ‘dumping fiscal’, algo «detestable» y que genera «brechas de insolidaridad fiscal evidente».
