La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Agustina García Élez, ha destacado que desde el inicio de la actual legislatura se han puesto a disposición de mujeres víctimas de violencia de género un total de 81 viviendas a través del convenio entre el Instituto de la Mujer de la región y la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman) adscrita a la Consejería de Fomento.
Así lo ha indicado García Élez en declaraciones a los medios este martes tras la renovación de este convenio junto a la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez.
La consejera ha dicho que hay que conseguir que «cuantas menos viviendas se necesiten, mucho mejor», ya que esto significaría «que la lucha que se viene haciendo contra la violencia de género se consigue».
«No vamos a descansar en buscar situaciones que mejoren la vida de las mujeres que están sufriendo esta lacra», ha señalado García Élez, a lo que ha añadido que el Gobierno regional lo que hace es poner medidas que «ayuden a la mujer víctima de violencia de género», ya que se «prioriza» y desde el Ejecutivo autonómico «se invierte el dinero para solucionar los problemas de las personas».
«DAR RESPUESTA»
Por su parte, la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, ha destacado que la firma de este nuevo acuerdo supone «dar respuesta» a las situaciones y problemas relacionados con las «preocupaciones habitacionales de las víctimas de la violencia de género».
Martínez ha indicado que esta firma tiene el objetivo de procurar a aquellas víctimas que acaban su proceso de recuperación en los recursos de acogida de una solución habitacional, una vivienda en la que durante el primer año pueden hacer una transición hacia una vida más autónoma.
No todas las víctimas de violencia de género son usuarias de los recursos de acogida, ha aseverado la directora del Instituto de la Mujer, añadiendo que «ni todas acceden a la vivienda pública», ya que esto depende de «sus decisiones», por ello la demanda «es siempre variable».
«Transcurrido un año se hace una revisión de las situaciones que han motivado la adjudicación de la vivienda y a partir de ahí pueden decidir quedarse o marcharse», ha señalado. A pesar de esto la víctima «sigue siendo beneficiaria de una vivienda pública con condiciones especiales», ya que el período de protección «va variando» y existe hasta que «deja de ser usuaria de las viviendas de Gicaman».
A preguntas de los medios, Martínez ha señalado que este año, el Instituto de la Mujer volverá a poner en marcha la campaña ‘Sin un sí, es no’, ya que las violaciones en cita «son una constante» y, a su juicio, hay que «visibilizar» un problema «silenciado».
