El Gobierno de Castilla-La Mancha ha venido denunciado en varias ocasiones, desde finales del año pasado, el retraso que venía sufriendo la aprobación del Plan de Vivienda Estatal 2018-2021 hasta que se ha conocido que, finalmente, el Consejo de Ministros de esta semana ha dado luz verde al Real Decreto que regulará el mismo.
Este plan dará continuidad al anterior, 2013-2016, que se prorrogó para el año 2017, y donde se articularon diversas líneas de actuación en forma de ayudas tan importantes como las destinadas al arrendamiento, a la rehabilitación edificatoria y a las Áreas de Regeneración y Renovación Urbana (ARRU), puestas en marcha en Castilla-La Mancha desde 2015, ha informado la Junta en nota de prensa.
«La intención de la Consejería de Fomento ha sido dar continuidad año tras año a este tipo de ayudas», ha señalado la titular de la cartera, Agustina García Élez, «pero este año, al igual que sucedió el pasado, en el que el Estado no firmó la prórroga del anterior plan con las comunidades autónomas hasta el 26 de julio, es un plan que viene con notable retraso».
Al tratarse de un nuevo Plan de Vivienda, se exige que, además de la aprobación del Real Decreto, el Ministerio negocie con las comunidades autónomas la distribución entre ellas de los fondos del plan en el marco de una Comisión Sectorial con representantes de todas las regiones, respecto a la que se desconoce el efecto que tendrá debido a que todavía no hay fecha para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Además, apunta que el plan establece que corresponde a cada comunidad autónoma la carga de la entera gestión de esta medida. Cada una de ellas, cumplido todo lo anterior, debe tramitar y dar luz a las bases y convocatoria de las distintas líneas de ayudas al plan. Así, al igual que el año pasado, ha señalado García Élez, estamos en «una situación en la que las comunidades autónomas aún no conocemos los recursos con los que contaremos para gestionar el plan, y en la que éste no podrá ser plenamente efectivo, en el mejor de los casos, antes del próximo verano».
Por otro lado, ha señalado la consejera de Fomento, otro problema es el hecho de que el Estado no admite ayudas que se hayan concedido por las comunidades autónomas en cada ejercicio más allá del 31 de octubre de cada año.
«Esto da una idea de la realidad actual en la que nos encontramos y es que el plan de vivienda aún no ha nacido de manera efectiva, ni creemos que pueda hacerlo hasta fechas avanzadas del próximo verano, pues el Estado, y detrás cada Autonomía, aún tiene que realizar varios actos precisos para que puedan concederse ayudas a su amparo, y esto no ha sido posible hasta el pistoletazo de salida que, tarde, se ha producido con la aprobación del Real Decreto estatal por parte del Consejo de Gobierno del día 9 de marzo», ha indicado.
En este sentido, Agustina García Élez ha avanzado que solicitará al ministro de Fomento que adopte soluciones a esta situación, como el que se admita que las ayudas concedidas puedan referirse a obras y actuaciones anteriores a la aprobación de este Real Decreto, o la ampliación para este 2018 del plazo para la concesión de ayudas en el marco del plan más allá del 31 de octubre que tradicionalmente establece el Estado.
En este sentido, ha lamentado que se repita la situación del año anterior, cuando la efectividad de la prórroga del Plan de Vivienda 2013-2016 para 2017 se retrasó por el Estado hasta el 26 de julio, con lo que no tuvo más vigencia que los meses de agosto, septiembre y octubre, en los que hubo que hacer un trabajo ímprobo por parte de la Junta de Comunidades para, en tan corto espacio de tiempo, poder hacer realidad las previsiones del plan y distribuir en la región cerca de 13 millones de euros provenientes del Gobierno central entre ayudas arrendamiento y a la rehabilitación edificatoria.
Finalmente, la consejera también ha precisado que este plan no recoge varios de los planteamientos que tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha como diversos colectivos sociales de la región trasladaron al Ministerio de Fomento solicitando su inclusión y que tenían como especial protagonista a la vivienda de protección pública.
Como es el caso de la recuperación de la subsidiación de intereses de los préstamos destinados a la adquisición de este tipo de viviendas, suspendida definitivamente en 2013 y sobre la que obra aprobada en el Congreso de los Diputados en 2016 una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista que no se ha llevado aún a efecto por parte del Gobierno central; la recuperación de ayudas a la promoción y adquisición de viviendas protegidas; o que el cálculo de intereses de dichos préstamos se base en las mismas reglas que las del resto de préstamos hipotecarios, beneficiándose así de la bajada de tipos de éstos.
No obstante, ha concluido la consejera, «este Gobierno asumirá la responsabilidad que los ciudadanos de Castilla-La Mancha le han encomendado y tratará de agilizar los trámites que le corresponden a fin de poder beneficiar a éstos, danto luz, en primer lugar, a dos nuevas convocatorias de ayudas al arrendamiento y a la rehabilitación edificatoria».
En este sentido, García Élez ha incidido en que, desde 2015, el Gobierno regional ha otorgado más de 11.000 ayudas de alquiler por importe de 16,3 millones de euros, y se han beneficiado de las ayudas de rehabilitación edificatoria más de 11.000 viviendas, con un importe otorgado de 17,6 millones de euros en toda la región.
