Este lunes, 1 de enero, entra en vigor la Ley de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018, después de ser publicados esta semana en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, las cuentas, que fueron aprobadas por las Cortes regionales el pasado 21 de diciembre, ascienden a 9.219,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 3,1 por ciento respecto a las cuentas del año pasado y 278,1 millones más en términos absolutos.
El Ejecutivo autonómico recuerda que estos presupuestos de 2018 destinan más del 70 por ciento del presupuesto no financiero a gasto social, casi 5.200 millones de euros, y cerca del 30 por ciento restante al impulso de los incentivos al crecimiento económico.
Han destacado que prácticamente 4 de cada 10 euros del presupuesto van destinados a sanidad. «Gracias a los mismos se proseguirá con las nuevas infraestructuras hospitalarias y de Atención Primaria, se desarrollará el Plan de Renovación Tecnológica Sanitaria, que tanta incidencia tiene en la reducción de las listas de espera, o, como novedad, se subvencionará la prestación farmacéutica a menores con discapacidad».
«En el área de educación, los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018 posibilitarán el pago del profesorado interino en verano en vacante a 1 de septiembre, la reducción del horario lectivo para el personal funcionario docente de Educación Secundaria y Bachillerato, la continuación del plan de infraestructuras educativas o el incremento de la financiación de las universidades públicas», han apuntado desde el Gobierno autonómico.
En el ámbito de los servicios sociales, entre otras medidas, como el aumento de la partida destinada al Ingreso Mínimo de Solidaridad o el transporte social para personas mayores, destacan las dotaciones presupuestarias destinadas a la lucha contra la exclusión social, que se agrupan en torno al Plan Integral de Garantías Ciudadanas, que tiene por objeto garantizar a las personas más vulnerables el acceso a los recursos económicos y sociales mínimos para vivir en condiciones de dignidad e igualdad.
Las cuentas del 2018 dan también cobertura a diversos planes de empleo orientados hacia colectivos con necesidades específicas, como los jóvenes que tienen dificultades para acceder al mercado laboral y las personas desempleadas que han agotado las prestaciones y subsidios por desempleo.
«El fortalecimiento empresarial de la región, especialmente en el ámbito agroalimentario, constituye otra de las principales prioridades de la política económica regional para el ejercicio 2018», ha señalado el Ejecutivo.
En relación con la función pública, en el mes de enero se abonará el restante 1,5 por ciento de la llamada por los sindicatos ‘tasa Cospedal’ a los empleados públicos.
