La Consejería de Economía, Empresas y Empleo ha realizado un total de 149 contrataciones temporales durante esta legislatura para «reforzar» las oficinas de empleo, según ha adelantado este miércoles el viceconsejero de Empleo y Relaciones Laborales, Francisco Rueda.
Con motivo de su comparecencia en las Cortes para informar de la temporalidad de las contrataciones realizadas por este departamento, junto al secretario general de la Consejería, Rafael Ariza, el viceconsejero ha especificado que esa cifra de contratación de funcionarios interinos, a través de cinco programas temporales de empleo, ha supuesto un coste anual de 5,4 millones de euros.
Así, la primera contratación fue de 80 técnicos de gestión de empleo, a la que siguió la de 42 orientadores laborales –uno para cada oficina de la red de oficinas Emplea–, diez técnicos de formación para el empleo, y cuatro técnicos de Industria y Energía. A ellos se sumará la próxima contratación de 13 funcionarios más para la gestión de programas de empleo.
Según Rueda, con este refuerzo se ha pretendido «revertir» la situación que se encontró en la pasada legislatura, cuando hubo un «desmantelamiento y desaparición de todas las políticas activas de empleo y también de las oficinas», que motivó el despido de casi 200 orientadores y promotores de empleo.
«Nuestro objetivo es estabilizar estas plantillas», ha subrayado el viceconsejero, que ha apuntado que el Sistema Nacional de Empleo «adolece de un déficit de profesionales estables, bien formados, con recursos y todas las comunidades autónomas, particularmente la de Castilla-La Mancha, ha denunciado repetidas veces frente al Ministerio esta situación».
Por ello ha pedido a los grupos «cerrar filas» para revertir la situación actual y que el Gobierno central elimine las «trabas» existentes tanto en la orden de distribución de fondos de empleo como en el Real Decreto que desarrolla la Formación Profesional para el Empleo, donde «se impone a las comunidades autónomas la prohibición de aumentar sus plantillas y estructuras y crear puestos de trabajo con vocación de permanencia».
«ELIMINAR BARRERAS»
Francisco Rueda ha incidido en que «no es tanto un problema de financiación» sino una necesidad eliminar «estas barreras que impiden que las comunidades autónomas podamos solucionar el problema de estabilidad en el empleo de estos profesionales».
En respuesta al Grupo Parlamentario Podemos, ha confesado que, aunque en junio de 2015 «lo más urgente» era para el Ejecutivo regional «atender a las personas en situación dramática y reforzar las oficinas de empleo», ahora la labor debe ser la de «revisar» la estructura de las 42 oficinas de empleo.
«Estamos trabajando en ello y dando algunos pasos para ver la estructura y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de las oficinas y la Consejería para crear ese servicio público de empleo que necesitamos», pero también «hay que reformar y eliminar las barreras, esas que nos impiden a las comunidades autónomas consolidar una estructura profesional solvente», ha remarcado.
Precisamente, ha sido el portavoz de la formación morada, David Llorente, el que ha defendido la existencia de «personal cualificado para trabajar en empleo», convencido de que «la mejor forma es mediante un servicio público de profesionales de orientación laboral», y preguntándose «cuál es el modelo» que se busca para la región.
Llorente ha destacado que «mientras unos recortan y despiden –en referencia al PP– otros sustituyen lo que fue empleo de calidad y estable por empleo temporal y precario –en alusión al PSOE–«, instando a la recuperación del servicio público de empleo.
Por su lado, el diputado socialista Fernando Mora ha recordado que «cualquier modelo de temporalidad viene avalado por la reforma laboral de 2012», por lo que ha pedido a los grupos parlamentarios que aprueben una proposición de ley para instar al Gobierno a derogar esa reforma
Mora ha criticado que el PP «exija a los demás» que cumplan cuando ha sido su gobierno el que «ha lanzado y provocado esta situación». Ese análisis, a su juicio, hay que hacerlo también en el Congreso de los Diputados, animando a los ‘populares’ a «buscar coherencia, incluso ideológica».
El portavoz adjunto del Grupo Popular, Lorenzo Robisco, ha lamentado la «inestabilidad y precarización» del empleo que está provocando el Gobierno regional, lamentando que Castilla-La Mancha sea «la segunda peor región» en calidad del empleo
Robisco ha repasado los datos de deuda, crecimiento económico, déficit, empleo y creación de empresas para apoyar sus argumentos contra el Ejecutivo autonómico, afirmando que «el único empleo estable» que proporciona el presidente regional, Emiliano García-Page es «para PSOE y Podemos».
