El Gobierno regional publica este martes en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la convocatoria de formación profesional para el empleo dirigida a personas ocupadas. El plazo de presentación de solicitudes arrancará este miércoles, para a convocatoria de 2018, y se extenderá hasta el hasta el 12 de septiembre de 2018.
La convocatoria que cuenta con una dotación presupuestaria de 12,7 millones de euros para los ejercicios de 2018 y 2019 y que, sólo este año supondrá la realización de 733 cursos que beneficiarán a casi 11.700 trabajadoras y trabajadores.
En nota de prensa, el Ejecutivo autonómico ha indicado que la convocatoria, que tiene como finalidad atender a las necesidades de productividad y competitividad del tejido productivo, y a las posibilidades de promoción profesional y desarrollo profesional de los trabajadores, tiene en cuenta las especialidades consideradas prioritarias según el Informe de prospección y detección de necesidades formativas 2017, realizado por el Servicio Público de Empleo Estatal.
En el marco de esta Resolución, podrán desarrollarse programas de formación transversales, compuestos por acciones formativas dirigidas a la adquisición de competencias válidas para varios sectores de la actividad económica, así como programas sectoriales vinculados a la obtención de certificados de profesionalidad, y programas de cualificación y reconocimiento profesional para completar la cualificación iniciada mediante procedimientos de evaluación y acreditación de competencias.
Para garantizar el acceso a la formación de las personas trabajadoras con mayores dificultades para acceder y mantenerse en el mercado de trabajo, tendrán prioridad para participar en las acciones formativas las mujeres, los mayores de 45 años, las personas con necesidades formativas especiales y las víctimas del terrorismo y de la violencia de género, así como las personas pertenecientes a sectores en crisis o reconversión y con baja cualificación, y personas desempleadas de larga duración, con poca cualificación, o jóvenes que hayan abandonado de forma temprana el sistema educativo y personas en riesgo de exclusión social.
