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martes, 24 diciembre
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PP C-LM respeta la decisión judicial sobre ginecólogos sin homologar en Puertollano

Agudo ha rechazado "opinar sobre si es delito o no" lo ocurrido y ha indicado que "el Partido Popular no se va a meter ahí"

La diputada del PP Carolina Agudo ha asegurado que el PP siempre va a respetar las decisiones de la justicia, a propósito del archivo de las diligencias abiertas tras la denuncia del jefe de Servicio de Ginecología del hospital de Puertollano (Ciudad Real), por la contratación por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), de facultativos extranjeros con titulación no homologada en ese centro.

Agudo ha rechazado «opinar sobre si es delito o no» lo ocurrido y ha indicado que «el Partido Popular no se va a meter ahí», incidiendo en que el delito no está «a la hora de contratar» a estos profesionales, sino «en el caso de que suceda» cualquier problema a un paciente.

Así, y sin «cuestionar la profesionalidad de ningún médico», sí ha preguntado al presidente regional, Emiliano García-Page, si «cree que es ético y moral la contratación de médicos a sabiendas» de que no cuentan con la homologación pertinente, y ha añadido que ella personalmente, como mujer, quiere que le atienda «un ginecólogo con todas las garantías».

«La realidad es que sigue habiendo 72 médicos que no tienen título homologado y un porcentaje alto de estos médicos probablemente jamás vayan a tener titulación homologada», ha subrayado, basándose en el hecho de que de todos los expedientes tramitados para conseguir esa homologación en el país, «solo un 25 por ciento» de los casos la consiguen.

UCLM

De otro lado, ha considerado «intolerable» el «grave ataque» que el presidente regional está haciendo a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para «intentar tapar sus vergüenzas», convencida de que él es «el mayor riesgo reputacional» de la institución académica, así como «el enterrador» de la misma.

Sobre el déficit de 25 millones de euros que tiene la Universidad, ha señalado que «son fondos europeos pendientes de venir que se han retrasado» y cuyas certificaciones tiene que firmar el Ejecutivo autonómico, al que ha exigido «dotación» para el contrato-programa.

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