El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que regula las características que tendrá la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, una prueba con un diseño similar a la realizada el año pasado y a la antigua Selectividad que tendrá no obstante, fechas más ajustadas al curso académico.
Así, la prueba sólo será obligatoria para los alumnos que quieran estudiar un Grado universitario, que se examinarán exclusivamente de las asignaturas de 2º curso de Bachillerato cumpliendo una serie de objetivos de aprendizaje establecidos, y cuyas calificaciones se calcularán ponderando un 40% la nota de la prueba, que se supera con un 4 sobre 10, y un 60% la de la etapa. El resultado habrá ser igual o superior a 5 para poder acceder a la Universidad.
En cuanto a las fechas, Educación explica que se han modificado «para que no interfieran con el normal desarrollo del curso y para garantizar que los resultados estén disponibles en fechas que permitan a los estudiantes realizar con normalidad los trámites de admisión a la universidad».
Así, los exámenes deberán finalizar antes del día 15 de junio de 2018, y sus resultados provisionales ver la luz antes del 29 de junio. Mientras, la convocatoria extraordinaria de julio deberá terminar antes del día 13 (los resultados han de salir antes del día 21) y la de septiembre tendrá que acabar antes del 15 de septiembre (las notas antes del día 22). En general, durará cuatro días, aunque en comunidades con lengua cooficial podrán ser cinco.
Se introducen otras novedades, como que los estudiantes podrán subir nota examinándose de una segunda lengua extranjera además de la que les sea obligatoria, una prueba voluntaria que la universidad podrá tener en cuenta en sus procesos de admisión.
De hecho, los centros universitarios podrán fijarse para seleccionar al alumno en la nota que ha obtenido en alguna materia en particular, más allá de la media obtenida, en función del itinerario que haya escogido.
También se podrá mejorar la nota examinándose de al menos, dos materias optativas de segundo curso o presentándose a sucesivas convocatorias de la prueba, en cuyo caso, la nota que se tendrá en cuenta será la más alta que se obtenga.
La superación de la prueba general tendrá valor indefinido y las calificaciones de los exámenes que se hayan realizado para subir nota se guardarán dos cursos académicos a partir de su superación, tanto si se realizan al finalizar el curso vigente como si se hicieron en el anterior, según la orden publicada por el ministerio.
Se mantiene el diseño de las pruebas en relación al año pasado, con un examen por materia de un mínimo de dos y un máximo de 15 preguntas, una duración de 90 minutos, y una puntuación repartida al 50% entre las preguntas tipo test y las de respuesta abierta.
Al igual que en la convocatoria del curso pasado, la orden ministerial recoge la «matriz de especificaciones» de cada materia a examen, es decir, los estándares de aprendizaje evaluables y que pesarán un 70% en la calificación de cada prueba. No obstante, dentro de cada asignatura hay temas que tienen más peso y temas que valen menos a la hora de ‘sumar’ en ese 70%.
EN HISTORIA, EL FRANQUISMO Y LA DEMOCRACIA ‘VALEN’ MENOS
En el caso de la asignatura de Historia de España, por ejemplo, los contenidos se han organizado en cinco bloques y el que tiene un mayor peso, que asciende al 25%, es el correspondiente al conocimiento de la crisis del Antiguo Régimen, la construcción del Estado Liberal (1833-1874), la Restauración Borbónica, y las transformaciones económicas del siglo XIX.
Mientras, el bloque sobre el conocimiento de la Dictadura Franquista (1939-1975) y la Normalización Democrática de España e Integración en Europa (desde 1975), que aborda asuntos como ETA, el Gobierno de Adolfo Suárez o las preautonomías de Cataluña y el País Vasco, tiene un peso del 15%.
Es, de hecho, el bloque con un menor peso relativo sobre la evaluación global de Historia de España, pues el resto de las áreas, como la Prehistoria, la Edad Media, o la Segunda República y la Guerra Civil tienen asignado un 20%.
