Este jueves, 4 de enero, entra en vigor la Orden de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se regulan las normas y los procedimientos necesarios para la ejecución de los Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para el año 2018 y que tiene por objeto garantizar una «adecuada disciplina presupuestaria».
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica la orden este miércoles, 3 de enero, aunque sus efectos económicos se retrotraerán, cuando proceda, al día 1 de enero, fecha en la que entraron en vigor los terceros presupuestos del Gobierno de Emiliano García-Page.
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas establece las normas para una correcta ejecución de los presupuestos regionales, que tienen como objetivo «la recuperación social, el impulso a la actividad económica y la creación de empleo».
Tal como se establece en la propia Orden, la misma es de aplicación a los órganos y entidades que integran el ámbito de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2018.
El presupuesto para este año llega a 9.219,1 millones de euros, con un crecimiento del 3,1 por ciento con respecto a las cuentas del pasado ejercicio y un presupuesto no financiero de 7.609,7 millones de euros.
A gasto social se destina el 70,3 por ciento del presupuesto no financiero, es decir, siete de cada diez euros. Así, a las políticas de gasto de Sanidad, Educación y Servicios Sociales se destinan casi 5.200 millones de euros, en concreto, 14,2 millones de euros cada día.
El 30 por ciento restante del gasto no financiero de estas cuentas son recursos para el desarrollo económico y la creación de empleo y suponen 5,6 millones de euros diarios. En relación al presupuesto de 2017, estos recursos crecen un 6,1 por ciento.