La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif), con motivo del Día de la Enseñanza que se celebra este viernes, apuesta por una escuela pública de calidad y para ello afirma que es necesario afrontar de forma «inmediata» mejoras en Castilla-La Mancha.
Según apunta en nota de prensa, la bajada de ratios de alumnos «es una necesidad» ya que afirma que actualmente el ratio es de 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en 1º y 2º de ESO y 32 en 3º y 4º y Bachillerrato, y «resulta imprescindible constituir aulas, como máximo, con 20 alumnos en Infantil y Primaria, y 25 en Secundaria y Bachillerato».
«La Junta de Comunidades también debe reducir el horario lectivo, como mínimo, hasta las 23 horas en maestros y 18 en enseñanzas medias como medida importante para asegurar no sólo la calidad educativa, sino para estabilizar al colectivo docente. De esta forma, se conseguiría bajar el número de jornadas parciales, y es que desgraciadamente Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma con mayor porcentaje de este tipo de contrataciones (42,3%) en la educación pública», añade.
De igual forma, apunta que la Administración regional debe tener en cuenta a los interinos, asegurando el cobro en verano más allá del número de meses que prestan servicios y ofreciendo convocatorias de Oferta de Empleo de Público lo más amplias posibles.
En este sentido, añade que la convocatoria presentada por la Consejería de Educación de 1.013 plazas en Enseñanzas Medias «es insuficiente» y considera que el mínimo debería de ser de 1.500 plazas teniendo en cuenta que la tasa de interinidad en la región es del 20%.
Por otra parte, el sindicato asegura que la pérdida retributiva acumulada del 16,5% desde 2012 sólo ha tenido como medida de choque la subida del 0,5% en 2019, a todas luces insignificante.
CONFLICTIVIDAD
En cuanto a la conflictividad, apunta que el 90 por ciento del personal docente identifica y convive con situaciones de violencia en los centros de educación primaria y secundaria de España, según un estudio realizado por Csif, sobre un total de 2.000 cuestionarios en todas las comunidades autónomas.
«La Administración debe velar y garantizar la seguridad en los centros para que los docentes puedan trabajar en un ambiente propicio para la labor educativa», afirma, para agregar que siempre ha denunciado estas situaciones de «alta conflictividad» escolar, apoyando al profesorado que las sufre.
