El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ciudad Real ha condenado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y su aseguradora al pago de una indemnización de 112.734 euros por el daño ocasionado a la familia de un paciente fallecido por la actuación del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan por el retraso en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de próstata que presentaba.
Según ha informado en nota de prensa la asociación ‘El Defensor del Paciente’, al afectado, de 67 años edad, atendido en el Centro de Salud de Campo de Criptana (Ciudad Real) debido a una analítica rutinaria, se le constató elevado el límite de PSA con posterior revisión a los seis meses.
Al respecto, añade que se le diagnosticó hiperplasia benigna de próstata, desconociendo el criterio por el que se deduce tal diagnóstico «puesto que no se realizó ninguna prueba ni fue remitido al Servicio de Urología hasta nueve meses después».
Asimismo, señala que durante los años 2011 y 2012 el paciente acudió en 25 ocasiones a los servicios de Urgencias y ya desde mitad del año 2012 fue atendido por el servicio de urología del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, «donde tampoco se dio importancia a los hallazgos analíticos, ni se solicitó una simple biopsia transrectal, concatenación de errores y omisiones que dilataron el diagnóstico hasta septiembre de 2013 cuando, desesperado, acudió a la Fundación Jiménez Díaz (Madrid) donde le diagnosticaron cáncer de próstata en fase terminal».
La sentencia apunta que se trata de «un error y retraso injustificable» en el diagnóstico del cáncer de próstata que presentaba el paciente y aunque reconoce que en los diferentes informes que constan el nivel en sí mismo no es determinante ni acreditativo de cáncer, aportan un indicio que exigía la biopsia y la derivación para su investigación.
Asimismo, afirma que de haberse apreciado los valores analíticos en alguna de las tres analíticas que mostraban los valores de PSA elevado y haber remitido al paciente a un especialista para que llevase a cabo un seguimiento y tratamiento específico en el momento oportuno, «hubiera evitado el fallecimiento».
La sentencia fija la infracción de la ‘lex artis’ por ignorar los niveles de PSA existentes, remarcando que la propia administración asume que hubo error de diagnóstico, actuaciones y tratamiento, asumiendo igualmente que no se le derivó cuando se le debió derivar, siendo unánime la opinión de todos los peritos que han declarado a señalar en un 56 por ciento las posibilidades de que se estuviera desarrollando desde el año 2011 el cáncer que finalmente fue incurable y determinó el fallecimiento.
La defensa del caso ha sido ejercida por el abogado Francisco Fernández-Bravo (Fernández-Bravo Abogados), especialista en Derecho Sanitario y adscrito a los Servicios Jurídicos de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’.
