Escondidos detrás de las banderas, cuando todos los focos mediáticos se apagaron tras la aprobación del artículo 155, el Pleno del Senado daba su visto bueno al “Acuerdo Económico Comercial y Global entre la Unión Europea y Canadá” (CETA, por sus siglas en inglés) con los votos a favor del PP y Ciudadanos, y con la vergonzosa y cómplice abstención del PSOE, es decir, del autodenominado Bloque Constitucionalista.
Pero dicha aprobación también contó con el voto a favor de los nacionalistas vascos, al igual que cuando fue ratificado en el Congreso de los Diputados el 29 de junio contó con los votos del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDECAT), el del Puigdemont, la antigua Convergencia Democrática de Cataluña. El mismo partido que pasado viernes 27 de octubre votaba la declaración unilateral de independencia en Cataluña, la famosa “DUI”.
En este caso, los patriotas de ambos nacionalismos, que se envuelven en banderas para ocultar sus miserias, unen sus votos para favorecer al gran Capital contra los trabajadores, autónomos y pequeños empresarios, como hicieron con las reformas laborales, la reforma del art. 135 de la Constitución o los miles de millones de euros destinados a salvar a los bancos en vez de salvar a las personas, entre otros.
Estos autodenominados patriotas, españolistas y catalanistas, aparcan sus diferencias cuando de lo que se trata es de defender a los más poderosos, a los grandes mercaderes de Europa y Canadá. Cuando lo que se aprueba es un tratado de comercio internacional, las diferencias entre los bloques constitucionalista e independista se diluyen y se alían. Los patriotas no dudan en traicionar los intereses de sus patrias y los intereses de sus ciudadanos y ciudadanas para favorecer a las grandes empresas.
Pero para entender lo que estoy diciendo resulta imprescindible entender que significa el CETA, y que en nuestro país ha sido presentado como un acuerdo tarifario para eliminar aranceles, cuando actualmente éstos ya son mínimos entre Canadá y la Unión Europea. La realidad es que reconfigura las normas sociales, jurídicas, laborales y medioambientales que regulan la actividad empresarial, porque el verdadero objetivo es facilitar el enriquecimiento privado de las empresas con sede en la Unión Europea y en Canadá, y para ello modifican y relajan la regulación que, para mejorar la calidad de vida de la mayoría, pone límites a la libre actuación de las empresas.
Pero con independencia de lo dicho, que podría parecer pura palabrería, la realidad es que el CETA golpeará con especial dureza a nuestra región.
Castilla-La Mancha, tierra que ha sido olvidada por sus gobernantes durante decenas de años, y que por ello tiene muy limitadas sus posibilidades de desarrollo, debe agarrarse a sus productos de excelencia, especialmente los agropecuarios, como una de las pocas tablas de salvación. En torno a ellos puede desarrollarse una agroindustria, que es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y comercialización de estos productos agropecuarios, forestales y otros recursos naturales biológicos. Esta rama industrial se encarga de la transformación de los productos de la agricultura, ganadería y riqueza forestal en productos de elaboración para el consumo alimenticio, que incluye procesos de selección de calidad, clasificación, embalaje-empaque (industria conservera) y almacenamiento de la producción y, posteriormente, su comercialización y distribución. Toda esta industria, como hemos dicho, dependerá de la calidad de nuestros productos.
Pues bien, el acuerdo aprobado por el PP, Ciudadanos y la aquiescencia del PSOE, y vuelvo a recordar, también por los ahora tan denostados partidos nacionalistas, elimina la mayoría de las denominaciones de origen de nuestra región. Tan solo el queso manchego, el azafrán y los aceites de oliva se salvarán, pero las denominaciones de origen de nuestros vinos, Valdepeñas, La Mancha,… el Cordero Manchego, la Miel de la Alcarria, el Mazapán de Toledo, los Ajos de las Pedroñeras, las Berenjenas de Almagro, u otros productos como las Navajas de Albacete, perderán su significado. A partir de ahora dichas denominaciones no podrán proteger ni garantizar la producción ni el origen de estos productos.
El funcionamiento del acuerdo comercial permite a cualquier empresa fabricar, copiar y plagiar en Canadá cualquier producto y además el consumidor no tendrá forma de identificarlo. A lo dicho debemos añadir que el tratado favorecerá un modelo de agricultura y ganadería extensivas a través de la eliminación de cualquier tipo de barrera a la importación y exportación, dificultando la producción a pequeña escala, destruyendo el tejido rural, y favoreciendo el consumo de productos producidos en masa.
Este es sin duda el mayor impacto que vamos a sufrir pero no el único. El CETA conlleva la privatización de sectores como las telecomunicaciones, la energía o el transporte, la reducción de derechos laborales y de estándares sanitarios, o el aumento de la capacidad de las empresas para contaminar. La paralización de proyectos como el de la minería especulativa de las tierras raras, o explotaciones como el fracking, en el caso de que las empresas promotoras fueran canadienses, les facultaría para reclamar ante los tribunales de arbitraje internacional una compensación multimillonaria por las ganancias no consumadas. Este mecanismo está recogido en el acuerdo de comercio y las multinacionales podrán denunciar a los estados por hipotéticas pérdidas económicas por la aprobación de normas democráticas que defiendan la salud y el medio ambiente. Un ejemplo de lo dicho es la demanda por importe de 250 millones de dólares que la empresa estadounidense, Lone Pine, interpuso a finales de 2015 a Canadá tras la decisión de Quebec de aprobar una moratoria cautelar sobre el fracking, en virtud de un acuerdo de libre comercio, similar al que estamos hablando, entre EE.UU., Canadá y México denominado NAFTA.
Aprobado el CETA, la legislación en materia medioambiental pasa a ser considerada un obstáculo a las inversiones y los beneficios de las grandes empresas.
Entre los senadores y senadoras que levantaron la mano para aprobar este acuerdo internacional, al igual que sucedió en su día en el Congreso de los Diputados, se encuentran parlamentarios castellanomanchegos, que olvidaron defender nuestra tierra, nuestro modelo de desarrollo y nuestro futuro como región, para, uniéndose a los nacionalistas que después critican ferozmente, beneficiar a las grandes empresas. Abandonaron una vez más nuestra región, como históricamente han hecho, como por ejemplo hicieron con el Tajo, o con el mundo rural, y que junto con su desidia, nos ha llevado a ser la tercera comunidad autónoma en porcentaje de ciudadanos al borde de la pobreza y de la exclusión social.
Señores y señoras del PP, Ciudadanos y PSOE, el patriotismo no se demuestra agitando una bandera, sino preocupándose por las personas, facilitándoles un proyecto de vida, y defendiendo nuestra tierra y nuestro patrimonio medioambiental, aunque eso conlleve enfrentarse a las grandes empresas, a los bancos y a las grandes fortunas.
Juan Ramón Crespo
Coordinador Regional de IU CLM
