La Tarjeta Social será universal y englobará las prestaciones económicas a cargo de las Administraciones Públicas o provenientes de fondos públicos que perciba un ciudadano, según se ha dado a conocer este miércoles 26 de abril en la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo que diseñará este nuevo instrumento y que ha presidido la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Por lo tanto, estarán incluidas en el sistema de Tarjeta Social todas las prestaciones económicas gestionadas por órganos y organismos de la Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades locales.
En todo caso, Empleo informa de que los trabajos previos han concluido que una parte importante de esas prestaciones están ya en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas creado por el Real Decreto 397/1996, de 1 de marzo, por el que se regula el Registro de Prestaciones Sociales Públicas.
En este sentido, señala que la tarjeta social permitirá incorporar nuevas prestaciones e información y mejorar así los mecanismos de diagnóstico para el diseño y desarrollo de políticas públicas para los ciudadanos. Por otro lado, recalca que se amplían los mecanismos de participación, a través de un sistema abierto que permita sumar programas también del tercer sector y entidades públicas y privadas a través de la responsabilidad social corporativa.
«Esta tarjeta ofrecerá a las Administraciones Públicas encargadas de diseñar las políticas sociales una base de datos y una herramienta de análisis estadístico que les va a permitir detectar con precisión las situaciones de vulnerabilidad. Ello permitirá mejorar la coordinación entre las políticas de empleo y las políticas sociales y evitará situaciones de desprotección», añade el ministerio.
En la reunión, han participado también la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat; el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal; el secretaria general de Administración Digital, Domingo Molina; los consejeros y representantes de las Comunidades Autónomas (CCAA) y representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias. La constitución de este grupo de trabajo es fruto de un mandato de la Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado 17 de enero. «Juntos, con la tarjeta social, las Administraciones podemos consolidar una salida social de la crisis», ha asegurado Báñez.
¿TARJETA DE POBRE O BASE DE DATOS?
El pasado mes de enero, cuando se anunció la medida, el presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, definió la Tarjeta Social como «un retorno al Padrón de Beneficencia» como el que aún estaba vigente en los primeros años de la Democracia.
En declaraciones a Europa Press, recordaba las listas de los ayuntamientos donde debían inscribirse las familias «pobres de solemnidad» para poder acceder a asistencia sanitaria o ayuda alimentaria, por ejemplo. Este sistema tiene su origen en el siglo XIX, con la Ley General de Beneficencia y los desarrollos normativos que le sucedieron y que por primera vez, consideraban una resposabilidad pública atajar la indigencia y la miseria.
Por el contrario, el secretario de Estado de Empleo y Seguridad Social, Juan Pablo Riesgo, aseguraba en el marzo que la tarjeta social «en ningún caso pretende ser un carné de pobres. Del mismo modo, recalcaba que tampoco pretende ni invadir competencias ni reducir prestaciones.
En definitiva, afirmaba que se trata de crear una base de datos global por persona, identificando qué cobertura tiene y, en ese marco, analizar si está plenamente cubierto o no. Así, resumía que se trata de ver quién se puede estar quedando atrás, quien teniendo derecho, no está recibiendo alguna prestación.
