La Ley de Protección y Apoyo Garantizado a las Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha continúa superando trámites y el próximo martes será aprobado su anteproyecto por el Consejo de Gobierno, una norma que nace con el primer objetivo de garantizar la tutela por parte de la Administración regional de personas con algún tipo de discapacidad intelectual a la muerte de sus familiares.
Así lo ha anunciado el presidente autonómico, Emiliano García-Page, quien ha considerado que esta normativa será «la columna vertebral de la conciencia de ser una sociedad justa, solidaria y moderna», que además «convertirá a Castilla-La Mancha en la comunidad autónoma más avanzada, proteccionista y garantista respecto de las personas con discapacidad grave».
«Que duerman tranquilos los familiares de las personas con discapacidad y que duerma tranquila una sociedad que necesita ir ganando en cotas de igualdad. Es una ley magnífica, la ley con más alma que podríamos haber planteado», ha aseverado.
UNIDADES DE ORIENTACIÓN
De su lado, la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha puesto en valor que la ley vaya a incluir la creación de unidades de orientación y apoyo de la mano de seis fundaciones tutelares de la región. Otro aspecto fundamental es la garantía de apoyo residencia para discapacitados graves cuando pierdan su apoyo familiar.
En la región hay 140.000 personas con una discapacidad superior al 33%, y esta norma llegará a las personas que además «necesitan apoyo para la toma de decisiones» por su discapacidad intelectual, un total de 35.000 en toda la región.
A través de 5 millones de euros se articulará la ley, que servirán para crear nuevas plazas residenciales para discapacitados cuando entre en vigor la norma.
En cuanto a la participación de la ley, Sánchez ha considerado que está siendo muy activa, sobre todo a través del CERMI, que ha abanderado el «trabajo codo a codo» con el Gobierno.
Han sido 26 alegaciones las presentadas en el periodo de exposición pública, de las que se han incorporado cerca del 80%.
La consejera ha puesto en valor que esta ley era «un compromiso de Emiliano García-Page» que ha ido dando pasos en los últimos meses y cumpliendo sus trámites.
