Agentes de Policía Nacional, Guardia Civil e Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, han detenido a 10 personas –en el marco de las operación policial denominada ‘Candela’– como presuntas autoras de los delitos contra la Seguridad Social, en relación con sus altas fraudulentas en una empresa semificticia.
En el mes de abril del presente año, agentes de las unidades intervinientes iniciaron una investigación, a raíz de las actuaciones inspectoras en materia laboral por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real, en una empresa de la localidad ciudadrealeña de Almagro, ha informado la Delegación del Gobierno en nota de prensa.
Dicha empresa había sido utilizada para permitir el alta y baja de trabajadores que no han prestado servicios efectivos en la misma, permitiendo el acceso indebido a prestaciones y ayudas públicas, mediante simulación de contratación laboral de algunas de las personas que figuraron de alta en la Seguridad Social como supuestos trabajadores de la empresa.
MODUS OPERANDI
El ‘modus operandi’ de estos empresarios consistía en que los mismos por sí, o a través de intermediarios, captaban a personas en precaria situación económica, que se encuentran en situación de desempleo y que habiendo desarrollado con anterioridad una actividad real en otras empresas, no reunían los períodos mínimos de carencia para acceder a la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo.
A estos los ofertaban contratos de trabajo, que en ningún caso amparaban una relación laboral efectiva, así como el consiguiente alta en la Seguridad Social como trabajadores de la empresa de que se trate –todo ello a cambio de diferentes cantidades de dinero– que en ocasiones abonaban en el mismo momento de la formalización del contrato y tramitación del alta en Seguridad Social.
En otras ocasiones, sin embargo, lo hacían realizando pagos sucesivos durante el tiempo que dichos trabajadores figuraban en situación de alta, por el importe de las cuotas que habrían de ingresarse en dicho Organismo, que en ningún caso se ingresaron, ya que se las apropia el propio empresario.
Con la realización de estas presuntas actividades ilícitas, una vez que los supuestos trabajadores de la empresa reunían los mínimos periodos de carencia eran dados de baja, facilitándoles los documentos necesarios para presentarlos en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y cobrar de forma fraudulenta prestaciones o subsidios por desempleo del erario público.
NO PRESTABAN SERVICIOS EN LA EMPRESA
Tras las investigaciones realizadas a raíz del análisis de información de diferentes organismos, se comprobó que la sociedad investigada era una empresa que, teniendo actividad real, fue utilizada para la contratación y alta de trabajadores por cuenta ajena que no prestaron servicios efectivos en la misma y las altas simuladas fueron acordadas entre el administrador de la empresa y los supuestos trabajadores con el fin de que éstos pudiesen acceder a algún tipo de prestación o beneficio no procedente.
La citada empresa había generado una deuda con el Sistema General de la Seguridad Social de 42.400 euros. A esta cantidad se suman las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta por los «trabajadores» tras cesar su actividad con la empresa, que asciende a 23.111 euros.
La sanción administrativa impuesta al propietario de la empresa por la Inspección Provincial de trabajo es de a 225.000 euros.
Por todo lo anteriormente indicado, entre los días 6 y 7 de noviembre del presente año, agentes adscritos al Grupo I de la BPEyF de Ciudad Real, el Grupo III de la Brigada Contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y el Grupo de Información de la Guardia Civil, han procedido a la detención de un total de diez personas por delito de contra la Seguridad social.
