La junta directiva de la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES), bajo la presidencia de Maite Rodríguez, quiere mostrar su disconformidad ante el desarrollo del proyecto CLIME, puesto en marcha por la FEMP, ya que los instaladores ubicados en las poblaciones donde se va a desarrollar se sienten “absolutamente desplazados”, al no poder acceder como proveedores al mismo, por tener unos condicionantes que limitan el acceso a la pequeña y mediana empresa, que es la mayoría en el sector. No en vano, desde la propia página de la FEMP en su apartado de “Próximas Licitaciones” se puede leer: “en un único lote y a una única empresa”.
Uno de los capítulos que supondría un mayor perjuicio es lo referente al temor existente hacia las grandes empresas, debido principalmente a la subcontratación de pymes y autónomos a unos precios inferiores a los de mercado, de forma que, los beneficios recaigan siempre sobre las mismas, así como el riesgo que se tiene sobre la garantía de cobro por los trabajos realizados.
Este proyecto beneficia, en gran medida, a las grandes empresas, lo que significa «un jarro de agua fría» para principalmente pymes y autónomos, ya que se trataba de un proyecto de gran interés para el sector en la provincia, pero ante este tipo de premisas, APES considera que no cumple las expectativas creadas en un principio. APES lo ha analizado en profundidad, y ante esta situación, manifiesta su malestar, ya que está ocasionando un grave perjuicio económico para estas pequeñas empresas.
Por otro lado, la junta directiva ha abordado todo lo relacionado con el capítulo formativo –aspecto fundamental para esta Asociación y que se referente en la provincia por su calidad y respuesta a las necesidades de empresarios y trabajadores-.
La lucha contra el intrusismo fue otro tema estudiado en dicha junta directiva, ya que está suponiendo desde hace años y así lo ha venido denunciando APES un importante daño para los empresarios legalmente establecidos. En breves fechas se realizará una presentación, a nivel provincial, del trabajo que se lleva a cabo desde hace mucho tiempo en este capítulo, junto con la Diputación Provincial de Ciudad Real, con la que se ha colaborado de forma estrecha. El objetivo no es sólo erradicar esta práctica, sino también una labor divulgativa y de concienciación de los derechos y obligaciones que supone la prestación de servicios de una empresa legal establecida frente a las que están fuera de dicha legalidad, donde el primer gran perjudicado es el usuario.
Por último, se han perfilado todas las acciones a realizar hasta fin de año como jornadas, participación en Congresos, situación del sector tanto a nivel regional como nacional, futuros proyectos, etc.
