El secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, y la secretaria general de UPA Toledo, Elisa Fernández, han explicado en rueda de prensa los temas que iban a tratar con la Ejecutiva provincial de UPA Toledo. En concreto les han trasladado la situación actual del sector, y cómo se afronta la PAC 2017 cuyo plazo se abrió el 1 de febrero hasta el 30 de abril.
Lorenzo Ramos ha pedido en nombre de UPA “agilidad, que se ponga en marcha el programa lo antes posible y luego no haya problemas administrativos. Necesitamos mejoras porque se está perdiendo dinero con respecto a lo que cobraban antes”. Ramos ha afirmado que la nueva reforma no favorece a los verdaderos profesionales pues “sigue habiendo en España mucha gente que cobra ayudas millonarias por no hacer absolutamente nada y nos quitan el prestigio a la gente que vive en el campo, en las explotaciones, en los pueblos”.
El secretario general de UPA ha explicado que en el debate que empieza en la Unión Europea para la reforma de la PAC “hay que tomar la iniciativa, pues agricultura y ganadería generan más empleo que automoción y aviación juntos”; con lo cual “a ver si es verdad y dispone de un presupuesto superior. Porque en la Unión Europea se bajan los presupuestos que se dedican a la agricultura y ganadería. Y si a ello le unimos el mal reparto que se hace, cómo se reparte y a quién se le da, no cubre los objetivos que realmente tienen objetivo”.
Otra de las cuestiones importantes que ha explicado Lorenzo Ramos ha sido la política fiscal y la revisión catastral actual. Desde UPA se reclama una política fiscal que no castigue y machaque a la vida de agricultores y ganaderos. Se ha referido a la revisión del catastro: En fechas recientes se mandó una carta a agricultores y ganaderos, sin apenas explicaciones, en la cual decía que se debía pagar 60 euros. “La mayoría lo han pagado pensando que era una sanción. Y casi nadie ha ido a reclamar. Al año siguiente viene otra carta donde dice que le aumentan el valor de su explotación y se multiplica por 10 el valor de su catastro”. Al parecer la primera carta era el pago por el coste de los drones utilizados.
En una reunión de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos con el Ministerio se exigió que las cartas fueran más explícitas, con información acorde a cada uno, para que pueda reclamar en el momento que corresponda; no cuando ya se ha cobrado y no se puede hacer nada. Supone un sobrecoste que no se puede asumir desde el sector.
Además del perjuicio que supone, tiene una repercusión grave sobre las becas pues van ligadas en base a los ingresos y valor del catastro. “Si te lo aumentan y te pasas, el estado le quita las becas a nuestros hijos”. De ahí que se haya solicitado al Ministerio que este sistema se actualice pues no se ajusta a la realidad. “Está perjudicando a los jóvenes y a las nuevas incorporaciones”.
Por otra parte, en lo referente a las nuevas incorporaciones y el pago a Hacienda, se planteó al Ministerio que se permita repartir en un plan de inversiones a lo largo de cinco años y no de golpe durante el primer ejercicio fiscal, como una amortización. Con esta propuesta de UPA, en vez de asumir de golpe el pago en el primer año fiscal por el total de la ayuda de cinco años, se podría hacer fraccionado a lo largo de esos cinco años en que la normativa obliga a tener la explotación.
Lorenzo Ramos ha concluido afirmando que a los agricultores y ganaderos “nos preocupan nuestras producciones y nuestro trabajo. Queremos un precio en condiciones por nuestro trabajo, por el medio de vida que debemos de tener para seguir manteniendo las zonas rurales y nuestros pueblos”. De ahí que se pidan medidas para el sostenimiento de los mismos.
