La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Castilla-La Mancha ha explicado la situación y los fundamentos básicos del recurso que se ha formalizado estos días en la sala tercera del Tribunal Supremo contra Real Decreto de 1/2016 de 8 de enero de propuesta de distintos planes de Cuenca, en particular del Guadiana, y sobre el que UPA cree que tiene «toda la legitimidad» para recurrirlo.
Así lo han dado a conocer el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo; el secretario provincial de Ciudad Real, Pascual Ortiz; el secretario de Agricultura, Ramón Sáez; y la secretaria de Desarrollo Rural de UPA en la región, María Sánchez Seoane, según ha informado en nota de prensa.
UPA Castilla-La Mancha ha pedido la nulidad del decreto en lo que hace referencia a la cuenca del Guadiana por diversas razones, como que «existe un baile de cifras en cuanto a la superficie de regadío, puestas de manifiesto por la propia confederación Hidrográfica del Guadiana, en muchos casos contradictorias y que obedece a un tratamiento interesado pero con consecuencias dramáticas para los regantes», ha explicado Julián Morcillo.
«Se incrementa la superficie de riego legal, manteniendo el recurso renovable invariable, lo que lleva a una dotación media de 1.000 metros cúbicos por hectárea. Esto es llevar a nuestros regantes al secano», ha dicho.
La Unión de Pequeños Agricultores acompaña en esta demanda a las comunidades de regantes de Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Bolaños y Almagro, Campo de Criptana, Arenales de San Gregorio y Pedro Muñoz, Campo de Montiel, El Provencio, Herencia, Las Mesas, Las Pedroñeras, Manzanares, Sierra de Altomira, Socuéllamos, Tomelloso, VIllarrobledo, Villarubia de los Ojos, Fuentefresno y Malagón, Villarta de San Juan y Puerto Lápice, así como Coag Castilla-La Mancha.
«La dotación legal media es de unos 4.278 metros cúbicos por hectárea y ahora se plantea una media de 1.000 metros cúbicos por hectárea, lo que no permite desarrollar nuestros cultivos. Es una pérdida de productividad tremenda, menores ingresos, afecta al patrimonio y a la sostenibilidad de las explotaciones. Además, tendrá gravísimas consecuencias socioeconómicas para una zona donde se sitúa la mitad del regadío de la región: 250.000 hectáreas» ha denunciado Morcillo.
Asimismo, desde UPA han puesto en «duda» todas las declaraciones de riegos del Alto Guadiana incluso las declaraciones de «sobreexplotación» que afectan a los anteriores acuíferos 23 y 24. «Por poner un ejemplo, en el acuífero 23, la Confederación reconoce 195.659 hectáreas de riego legal, superficie que por imperativo legal desde la propia declaración de sobreexplotación en febrero del 87 no se ha podido incrementar, ni han existido otorgamiento de nuevas explotaciones ni derechos por lo que no entendemos el motivo por el que el plan de Cuenca en algunos apartados solo aparecen unas 124.000 hectáreas».
Morcillo ha explicado que «en las últimas tres décadas, en este acuífero se han venido usando con los planes de extracción aprobados –2.000 metros cúbicos en herbáceos y 1.500 metros cúbicos por hectárea en leñosos–, 326,72 hectómetros cúbicos al año. Utilizando estos recursos disponibles según informes del IGME del 2012-16, la evolución del acuífero es positiva y han subido los niveles freáticos». Este dato «pone en evidencia» la propia declaración de sobreexplotación de las masas por lo que UPA «insiste en la nulidad de pleno derecho del proceso».
«Hay cuestiones específicas en el propio recurso como es la situación hidrogeológica del Alto Guadiana que nada tiene que ver con lo plasmado en el plan de Cuenca, como es el funcionamiento de la masa de agua del Campo de Montiel, como son los recursos disponibles de la Sierra de Altomira o como la valoración de la transferencia de agua subterránea de la masa Rus-Valdelobos hacia el Júcar», ha dicho.
Finalmente, la organización agraria considera que es «inconcebible» la actitud y el uso de datos «tan variables y erróneos» por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y es «menos concebible todavía o más dañina» esta actitud cuando «quiere que sean las propias Juntas Directivas de las Masas de Agua quienes trasladen el recorte en las dotaciones a los regantes».
