El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha ha asegura mejorado la protección jurídica que ofrece a sus profesionales en el caso de agresiones sufridas durante el ejercicio su actividad en el ámbito del sistema sanitario público regional.
Así, gracias a la entrada en vigor el pasado 1 de agosto de la nueva póliza de responsabilidad civil y patrimonial del Sescam, una de las novedades que incorpora este nuevo seguro es la posibilidad de que los profesionales accedan a un servicio de asesoramiento jurídico durante las 24 horas de los 365 días del año.
En nota de prensa, el Servicio de Salud regional ha indicado que los servicios de Prevención de Riesgos Laborales de todas las Gerencias dependientes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha disponen de toda la información, tanto número de teléfono como correo electrónico, al que pueden dirigirse los trabajadores en caso de aceptar ese asesoramiento tras una agresión u otro tipo de manifestación violenta.
Uno de los objetos de la cobertura de la póliza de seguro suscrita por el Sescam es garantizar los gastos de asistencia jurídica, comprendiendo los servicios de asesoramiento y orientación y, en su caso, el ejercicio de las acciones judiciales o extrajudiciales que se ocasionen a sus profesionales por hechos de violencia ejercidos contra los mismos en el desempeño de su actividad profesional.
A este respecto, el seguro recoge la prestación del servicio de asistencia legal extrajudicial y el abono de los gastos económicos derivados del ejercicio de las acciones judiciales de reclamación y de investigación frente a los posibles responsables.
Así las cosas, desde el Gobierno regional han recordado que la protección jurídica de los trabajadores del Sescam es una de las medidas incluidas en el Plan Perseo, aprobado en el año 2005 y dirigido a abordar la problemática de la violencia hacia los profesionales sanitarios desde una perspectiva integral.
Para ello, han defendido, hay establecido un sistema de prevención, protección y reacción que permite optimizar los recursos técnicos y humanos disponibles, con el fin de prevenir, proteger y controlar cualquier situación de violencia, peligro o emergencia y minimizar sus consecuencias garantizando la continuidad de la actividad del centro, así como fomentando una cultura de seguridad y prevención.
En este sentido, además de la protección jurídica, el Plan contempla igualmente otras vertientes como la médica (ofreciendo asistencia sanitaria inmediata en caso de ser necesaria), psicológica (prestando apoyo por parte de profesionales especializados) y organizativa (ofertando, en su caso, la posibilidad de movilidad al profesional).
