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miércoles, 25 diciembre
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Podemos supedita la aprobación de los presupuestos de C-LM a la de su Plan de Garantías

Podemos supedita la aprobación de los presupuestos de C-LM a la de su Plan de Garantías

El secretario regional de Podemos, José García Molina, ha supeditado apoyar los presupuestos del Gobierno de Emiliano García-Page para este año 2017 a la aprobación del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, que será la base de la futura Ley Integral de Garantías Ciudadanas, que podría ver la luz a lo largo de la legislatura.

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«Si no hay plan no hay presupuestos. Es condición necesaria. Queremos que sea una realidad para empezar a negociar» –las cuentas de 2017–, ha advertido el responsable regional de la formación morada que durante la presentación de dicho plan ha asegurado que su formación se lo ha entregado «hace poco» al Gobierno regional y confía en que en «días le haga llegar sus impresiones».

Molina, que ha asegurado que si el Ejecutivo regional tiene interés «lo más probable es que se vean esta semana», ha advertido de que «ya» no son «tan inocentes» como cuando se firmó el pacto de investidura y que no les vale una «mera declaración de intenciones», pues ha reclamado dotación presupuestaria suficiente para que este Plan Integral de Garantías Ciudadanas puede ejecutarse.

El secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, acompañado de la secretaria de Organización, María Díaz, ha explicado que dicho Plan pretende garantizar que nadie en la región se quede sin casa y sin los suministros básicos (luz, agua y gas), y que en caso de no tener renta suficiente para tener cubiertas dichas necesidades pueda acceder a ellas vía empleo, por medio del Plan Extraordinario. En caso de que fracase esa vía, se debe instaurar una renta garantizada.

Dicho plan contempla una política de alquiler social más decidida que obligue a los grandes propietarios –como los bancos– a que la pongan al servicio de la ciudadanía, que sean las entidades bancarias y no las del tercer sector las que gestionen las ayudas energéticas para no crear «estigmas» en sus beneficiarios, así como la creación de un registro informatizado de todos los demandantes y beneficiarios de ayudas sociales públicas para racionalizar y gestionar «mejor» estas políticas.

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