Podemos Castilla-La Mancha ha apuntalado este Viernes de Dolores su divorcio con el PSOE regional con su rechazo por sorpresa al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma, lo que provocará continuar con las cuentas prorrogadas a la espera de ver si se rediseña el texto para conseguir recabar en una segunda intentona el apoyo de la formación morada.
Ha sido a las 13.20 horas de este viernes cuando el presidente de las Cortes, Jesús Fernández Vaquero, daba lectura a la votación definitiva del dictamen del Proyecto de Ley tras 20 horas de debate repartidos en dos jornadas en el Convento de San Gil. Contra todo pronóstico, solo los 15 diputados del PSOE emitían voto favorable, mientras que los dos votos de Podemos se sumaban a los 16 del PP para poner punto y final al camino parlamentario recorrido por las cuentas en los últimos meses.
Tras unos primeros segundos de confusión en los que tanto Fernández Vaquero como el vicepresidente segundo –el ‘popular’ Vicente Tirado– no llegaban a asimilar lo ocurrido, incluso el presidente del Parlamento ha repreguntado a los dos diputados de Podemos si su voto era contrario al dictamen.
Después de que los dos parlamentarios morados, David Llorente y José García Molina, volvieran a asentir con la cabeza con tranquilidad, el propio Fernández Vaquero sentenciaba: «18 votos en contra. Queda rechazado el dictamen y se levanta la sesión».
DIVORCIO TOTAL 193 DÍAS DESPUÉS DE «DAR POR MUERTO» EL PACTO
El primer desencuentro frontal entre Podemos y el Gobierno autonómico se escenificó el pasado 26 de septiembre, cuando la plana mayor de la formación morada comparecía en una rueda de prensa en la que no admitió preguntas para anunciar que daba «por muerto» el pacto de investidura por el cual dieron la Presidencia a Emiliano García-Page 15 meses después de firmarlo ante notario.
En aquel momento, el PSOE achacó este movimiento a una «estrategia» nacional para «presionar» a Pedro Sánchez de cara a posibles acuerdos de investidura a nivel estatal.
Por contra, la dirección de Podemos en la región alegaba que se trataba de una «decisión espontánea y unilateral» en señal de protesta ante la actitud del Gobierno regional, «que llevaba un año más ocupado en anuncios y en decapitar a Pedro Sánchez que en dar vida a Castilla-La Mancha».
PLAN DE GARANTÍAS, MONEDA DE CAMBIO PARA LOS PRESUPUESTOS
Fue el 15 de noviembre cuando el secretario general de Podemos presentaba junto a David Llorente y a la secretaria de Organización de la formación, María García, una Proposición de Ley denominada Integral de Garantías, sustentada en «tres pilares» –garantizar vivienda, asegurar suministros en dichas viviendas y un programa de rentas garantizadas– y que sería la moneda de cambio para que los dos diputados morados apoyaran los presupuestos.
Así, García Molina señaló que si esta iniciativa encontraba traducción legislativa y presupuestaria por parte del Gobierno, solo entonces estarían dispuestos a sentarse a negociar las cuentas.
«Creo que es el Gobierno quien tiene que decidir si se pone de acuerdo con esta iniciativa o si finalmente acepta el ofrecimiento de María Dolores de Cospedal para seguir con esa política de recortes», defendió García Molina.
Incluso el líder de Podemos a nivel nacional, Pablo Iglesias, formó parte de una campaña en redes sociales en la que celebraba que Podemos «tenía un plan» para Castilla-La Mancha.
Finalmente, el Gobierno de Castilla-La Mancha asumió esta estrategia, si bien convenció a Podemos para aplazar un año la dotación de un marco legislativo hasta el año 2018 a cambio de dotarla con fondos suficientes en las cuentas que hoy se han rechazado.
De esta manera, el 16 de enero el Consejo de Gobierno castellano-manchego dio luz verde a dicho plan y lo reflejó con 119 millones de euros en el Proyecto de Ley de Presupuestos, tras lo que una semana después David Llorente y el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, escenificaban en rueda de prensa un principio de acuerdo.
TRÁMITE PARLAMENTARIO
De cara al Proyecto de Ley que en este viernes ha sufrido su prematura fecha de caducidad, Podemos presentó una treintena de enmiendas, consiguiendo colar siete de ellas en el dictamen en la Comisión previa al debate parlamentario. De estas siete, consiguió en cuatro el apoyo del PSOE, como en la que pedía 150.000 euros para la candidatura de Talavera como ciudad del Deporte o 557.000 euros para contratar a más gente que analice los expedientes de pendientes de la Ley de Dependencia.
Ya en el debate suscitado esta semana, Podemos ha lamentado que el PSOE rechazara de plano gran parte de las enmiendas que la formación mantenía vivas, entre ellas 20 millones de euros más para la agricultura ecológica y para ayudas a agricultores asentados en zonas Zepa o para dotar con más dinero planes de contingencia para enfermedades de la vid.
Al margen de esgrimir este rechazo a las enmiendas como causa de su rechazo a los presupuestos, José García Molina ha puesto de manifiesto otras dos causas, empezando por la no convocatoria de la Comisión de Investigación creada para dilucidar todo lo relativo al cementerio de neumáticos de Seseña que ardió en mayo de 2016 –que él mismo preside– alegando que tanto PSOE como PP la están bloqueando.
Igualmente ha apuntado el hecho de que el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, no está «habilitado» presuntamente para ejercer por las «sombras» pendientes de su anterior paso de la gestión pública a la empresa privada, al trabajar en Indra siete meses después de dirigir el Sescam tras la última legislatura de José María Barreda como presidente.
