Un juzgado de instrucción de Albacete y la comisión de accidentes militares investigarán de forma paralela el accidente del Eurofighter en el que este jueves perdió la vida el capitán del Ejército del Aire Borja Aybar cuando volvía a la base de Los Llanos de participar en el desfile del 12 de octubre.
Como es habitual en este tipo de siniestros, el accidente será investigado por un lado por la justicia ordinaria y, por otro, por la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares (CITAAM).
En su vertiente judicial, el caso está en manos del Juzgado de Instrucción nº3 de Albacete, cuyo titular ya fue el encargado este jueves del levantamiento del cadáver en el lugar del siniestro, según han explicado a Europa Press fuentes del Ministerio de Defensa.
Pero además, es obligatorio que la CITAAM abra también una investigación que permita esclarecer las causas que provocaron el siniestro. Según informó el Departamento dirigido por María Dolores de Cospedal, un equipo de investigadores se desplazó este mismo jueves a Albacete para empezar con esta labor.
La CITAAM fue creada por un real decreto de mayo de 1994 con el objeto de llevar a cabo las investigaciones y los informes técnicos sobre accidentes de aeronaves militares españolas, así como de los que sufran las militares extranjeras en España.
En su mano está la investigación de toda «caída, aterrizaje forzoso o cualquier otro acontecimiento anormal sufrido por una aeronave o misil militar, siempre que resulten muertes o lesiones en las personas, o daños en la propia aeronave, en las instalaciones para la navegación aérea o, en general, en la propiedad tanto pública como privada».
CONCLUSIONES NO PÚBLICAS
El resultado de los trabajos de la comisión suele tardar meses y no es obligatorio que se hagan públicos. El real decreto establece que los informes técnicos deben ser remitidos a los Jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y a la Secretaria de Estado de Interior a los que afecte, así como a las autoridades judiciales que los soliciten, y a las organizaciones de seguridad de vuelo que en cada caso corresponda.
Además, si la investigación arroja indicios de responsabilidad penal o disciplinaria deben ponerse en conocimiento de la autoridad judicial o militar competente. Y si deduce fallos de material debe informar «urgentemente» a la autoridad militar correspondiente y al Mando de la base o Unidad a la que pertenezca la aeronave siniestrada.
