Todas las banderas autonómicas, incluidas la ‘ikurriña’ vasca y la ‘senyera’ catalana, presidirán junto a la bandera española la sala de reuniones de la VI Conferencias de Presidentes que se celebra este martes en el Senado y la foto de familia que los jefes de Ejecutivo se harán junto al Rey antes de iniciar el encuentro. Castilla-La Mancha acude a la cita con la petición, entre otras, de eliminar la tasa de reposición en el empleo público y de equiparar la prestación de servicios sociales.
La ausencia del presidente vasco, Iñigo Urkullu, y la del catalán, Carles Puigdemont, no variarán la disposición de las enseñas en la Plaza de la Marina Española, donde si el tiempo lo permite posarán para los medios de comunicación Felipe VI, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los quince presidentes autonómicos, más los de Ceuta y Melilla, que se reunirán hoy en el Senado.
Todo está ya también preparado en el Salón de Pasos Perdidos donde tendrá lugar la reunión, en torno a una gran mesa en forma de letra u tras la cual están ya colocadas todas las banderas.
Mariano Rajoy se situará en el centro la cabecera, flanqueado por Sáenz de Santamaría y Alberto Núñez Feijóo, y a los lados de estos dos se sentarán Susana Díaz (Andalucía) y Miguel Ángel Revilla (Cantabria). Completará la cabecera de la mesa el asturiano Javier Fernández, que se situará a la izquierda de la presidenta andaluza.
Junto al presidente del Principado, colocado ya en uno de los dos lados largos de la mesa, se sentará el ministro Cristóbal Montoro y a continuación, así como en el lado de enfrente, se repartirán el resto de presidentes. En la mesa preparada este lunes en el Senado no hay ninguna silla vacía ni cartel con los nombres de Urkullu y Puigdemont.
Los participantes en la VI Conferencia de Presidentes llegarán al Senado entre las 8,30 y las 9; a esta hora lo hará el Rey, que saludará al presidente, la Mesa y los portavoces de la Cámara Alta y mantendrá después un desayuno con Rajoy y los dirigentes territoriales.
A las 9,30 horas está prevista la foto de familia y a las 9,45 horas, el inicio de la reunión. Por la mañana, será el turno de los debates y por la tarde, el de las votaciones de los diez asuntos previamente acordados entre todas las partes. Según las previsiones, la Conferencia concluirá sobre las 18 horas.
GRANDES PACTOS MULTILATERALES
El presidente del Gobierno y los de las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla recuperan así el diálogo multilateral y los grandes acuerdos entre administraciones. El encuentro servirá para firmar diez acuerdos sobre distintos asuntos y entre los que destaca el compromiso para diseñar un nuevo modelo de financiación autonómica y local, pero también un pacto para abordar el problema demográfico del país, la unidad de mercado, la educación o la necesidad de contratar nuevos funcionarios para los servicios esenciales.
La cita repetirá el esquema de ediciones anteriores pero con una relevante diferencia por la falta de dos de los convocados, a los que el Gobierno ha mantenido la invitación hasta el final y ha ido informando de todos los trabajos previos a la Conferencia.
Urkullu y Puigdemont reivindican una relación bilateral con el Gobierno y mantienen su intención de no acudir a un foro compartido con otras administraciones; en el caso catalán, pesa también el enfrentamiento por la convocatoria de un referéndum de independencia. Será la primera vez que ambos gobiernos se ausenten de una Conferencia de Presidentes.
FINANCIACIÓN Y DEPENDENCIA
Con o sin ellos, los presidentes van a aprobar diez acuerdos, uno de ellos sobre el propio funcionamiento de la Conferencia: se reunirá una vez al año.
El asunto más importante es la financiación territorial, el «nuevo» sistema que se quiere diseñar para sustituir al que ha estado vigente desde 2009 y que debió ser reformado en 2014. El borrador de acuerdo preparado para la Conferencia señala que en un mes habrá una comisión de expertos para trabar una propuesta, que fuentes de Hacienda creen que podría estar lista antes de verano.
Esas conclusiones serán llevadas al Consejo de Política Fiscal y Financiera para su aprobación y después, se tendrán que traducir en un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades (LOFCA), que será enviado al Congreso. La norma requerirá para su aprobación mayoría absoluta, lo que obligará al PP a negociar con otras formaciones.
A petición de las autonomías, el documento preparado para la Conferencia recoge que el nuevo modelo de financiación tenga en cuenta el coste de la dependencia, porque muchas regiones se quejan de que pagan más del 50% que les corresponde asumir (el otro 50% es del Estado). El Gobierno admite que se estudie este capítulo, pero también otros que cofinancia el Estado como las políticas de discapacidad o de vivienda, sin excluir ninguno.
EL PROBLEMA DEMOGRÁFICO
El Gobierno se va a comprometer también a elaborar en 2017 con las comunidades autónomas una estrategia nacional contra el envejecimiento, la despoblación que sufren muchos territorios y los efectos también de la población flotante, según el borrador de otro de los acuerdos que se preparan para la Conferencia, a los que ha tenido acceso Europa Press.
En este documento han trabajado especialmente Castilla y León, Aragón y Galicia, especialmente afectadas por este problema, pero cuenta también con la aportación de las Islas Baleares como una de las comunidades que sufre el problema contrario: la masificación en momentos puntuales por el turismo.
La solución, se dice en el borrador, requiere una estrategia nacional con medidas de apoyo a las familias, los jóvenes, integración de la inmigración y desarrollo del mundo rural.
FUNCIONARIOS
También firmarán los presidentes otro asunto relevante para varias comunidades, especialmente por ejemplo para Castilla-La Mancha: cómo recuperar la reposición de los funcionarios que se jubilan y cuyos huecos no se han podido cubrir en los años de crisis económica, salvo en servicios básicos.
En el borrador preparado se asegura que se quiere reforzar las plantillas públicas y que se analizarán las necesidades de cada comunidad, sin más precisiones. El objetivo es «el fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos en el conjunto de cada administración».
Este acuerdo recoge también la garantía de que se trabajará «leal y conjuntamente» con el fin de potenciar la movilidad geográfica y funcional de los funcionarios entre administraciones.
COOPERACIÓN
La Conferencia aprobará también un acuerdo para que las CCAA participen en el debate educativo, aportando propuestas en la Comisión General de Comunidades del Senado, que celebrará un debate monográfico sobre esta cuestión.
Además, se acordará la creación de una tarjeta social que recoja las ayudas que recibe cada ciudadano de todas las administraciones y sea «llave» para acceder al Registro de Prestaciones Sociales Públicas. En el plazo de tres meses se creará un grupo de trabajo.
También se ha pactado un acuerdo sobre el bono eléctrico y otro recogerá el compromiso de que las autonomías participen en los asuntos de la Unión Europea y en las tomas de decisiones, muchas de las cuales les afectan; además, se acordará la creación de una comisión de protección civil en la que todas las administraciones se coordinen y aporten medios para afrontar emergencias.
A petición de las autonomías, se ha incluido un décimo acuerdo sobre el empleo, que incluye un compromiso de modernización de los servicios públicos de empleo, el fomento de la FP y de las políticas para los jóvenes, entre otros aspectos.
