El diputado del Grupo Parlamentario Podemos José García Molina ha prometido que pedirá la dimisión del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en caso de que no garantice los derechos de los trabajadores del servicio de seguridad y vigilancia de los edificios de la Administración regional y no resuelva el contrato de adjudicación, si la adjudicataria merma su salario y no les aplica el convenio estatal.
«Usted ha hecho dos promesas muy claras. Yo he hecho una, y ésta sí pienso cumplirla», le ha advertido García Molina, que ha realizado esta promesa en sede parlamentaria, al hilo del debate solicitado por el Grupo Popular sobre la política en material de seguridad y vigilancia en dependencias y edificios de la Junta de Comunidades, después de las protestas de 133 trabajadores de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara ante el temor de que, al cambiar de adjudicataria, sus condiciones laborales empeoren.
El debate lo ha abierto el consejero, que se ha referido a los trabajadores de este empresa, alguno presente en la tribuna de invitados, y ha reconocido que están «preocupados». «Espero que con lo que oigan hoy aquí se vayan más tranquilos. Aunque no voy a decir nada nuevo, tiene más trascendencia decirlo aquí, que en las reuniones mantenidas».
Y es que Ruiz Molina, que ha defendido que el pliego que ha sacado a licitación su departamento recoge mejoras respecto al anterior del PP, pues aumenta en 14 el número de profesionales y el de edificios a vigilar, ha asegurado que la licitación, a nivel regional, se ha incrementado en 700.000 euros –de 6,5 a 7,2 millones– respecto a la que ejecutó el anterior Gobierno, a fin de poder financiar esas mejoras.
Dicho esto, ha admitido que el hecho de que la adjudicataria de este servicio en Toledo, Guadalajara y Ciudad Real –la Unión Temporal de Empresa Sinergias de Vigilancia y seguridad y Cerrasa y Seguridad– tenga convenio propio con condiciones inferiores al convenio estatal ha generado una «justificada preocupación» de los trabajadores, ante la sospecha de que pueda aplicar el convenio de empresa porque así lo ha hecho en otras adjudicaciones.
Así las cosas, el consejero, que se ha mostrado confiado en que esta UTE no aplique su convenio, ha pedido «dar un margen de confianza a la nueva adjudicataria» y esperar al 31 de mayo para ver si las retribuciones de los trabajadores son las estipuladas en el convenio estatal.
Luego de volver a reiterar que hace un «seguimiento exhaustivo» y que en caso de que la empresa incumpla, su departamento instará a resolución del contrato, y asegurar que la adjudicación se ciñe a la Ley de Contratación Pública, ha defendido que el pliego de adjudicación elaborado por la actual Administración regional es el mismo que el realizado hace años por el Ejecutivo de María Dolores de Cospedal.
La diferencia, ha explicado, es que como consecuencia de la Reforma Laboral aprobada por el PP las empresas pueden aplicar su propio convenio de empresa y no el estatal, así como establecer retribuciones por debajo del convenio colectivo correspondiente.
A renglón seguido, el diputado de Podemos, que ha advertido en varias ocasiones al consejero que pedirá su dimisión si la nueva adjudicataria vulnera los derechos de estos trabajadores, ha pedido al Gobierno regional que la próxima vez que apruebe un pliego de condiciones lo negocie con los sindicatos y los trabajadores. También le ha urgido a firmar cuanto antes el III Acuerdo de Estabilidad en el Empleo.
PONERSE LA VENDA ANTES DE LA HERIDA
De su lado el parlamentario del Grupo Socialista Fausto Martín ha acusado tanto a PP como a Podemos de «ponerse la venda antes de la herida», «todo» porque la empresa adjudicataria de este servicio en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara, «cuenta con convenio colectivo propio y podría suceder que no pagase las nóminas a partir del convenio estatal».
«Se están poniendo la venda antes de la herida, evidentemente no sabemos qué va a hacer la UTE el 31 de mayo», ha precisado Marín, que, en la línea del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, ha dicho que estas situaciones son consecuencia de la «infame» reforma laboral del Gobierno del PP.
«Traen este debate no para buscar una solución sino para hacer ruido, como arma arrojadiza contra el Gobierno y para quedar bien con los trabajadores, pero están haciendo un auténtico paripé. Quién hizo la reforma laboral fueron ustedes», ha insistido Marín, que ha agregado que la administración poco tiene que ver en este conflicto, pues tan solo atañe a la empresa con sus trabajadores.
LAS BARBARIDADES DEL CONSEJERO
Mientras, el diputado ‘popular’ Francisco Núñez, ha acusado al titular regional de Administraciones Públicas de ser «más chulo que un ocho, de mentir y de decir michas barbaridades», como la de pedir esperar hasta el 31 de mayo para ver si la empresa cumple o no. «Sólo por esa afirmación tendría que dejar su cargo», le ha espetado.
Después de asegurar que si el actual Ejecutivo hubiera hecho el mismo pliego que hizo el Gobierno de Cospedal no habría este problema, le ha acusado de cumplir el objetivo de déficit «a costa de las familias de estos trabajadores, pues con esta adjudicación se ha ahorrado 350.000 euros».
«No queremos que se cumpla con el objetivo de déficit si es a costa de que estos trabajadores trabajen más horas, tengan menos sueldo y menos vacaciones», ha dicho Núñez, que ha acusado al Ejecutivo regional de crear pobreza laboral.
LOS PLIEGOS NO SE NEGOCIAN
En su turno de réplica, el consejero, que ha dicho que si los ‘populares’ hubieran tenido la misma conciencia social hace cuatro años no estarían ahora en la oposición, sino gobernando, ha señalado que no ha negociado este pliego de condiciones porque no se suele hacer.
Así las cosas, y tras insistir en pedir esperar al 31 de mayo para ver cómo procede la empresa, ha acusado a los diputados del PP y de Podemos de «seguir haciendo pinza para pedir la dimisión de este consejero».
«Va a ser la única promesa que cumpla, con su currículum no me creo que esta promesa la pueda cumplir», ha concluido diciendo al diputado de la formación morada.
TRES PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Este debate ha concluido con la aprobación de tres resoluciones, una por grupo. La de Podemos, que ha visto la luz al contar con los votos de la bancada ‘popular’, instaba al Gobierno regional a regular de manera «inmediata» el contrato con esta UTE para que cumpla las obligaciones del convenio estatal, a exigir a que las adjudicatarias apliquen a sus trabajadores los convenios más favorables y a firmar el III Acuerdo para la Estabilidad en el Empleo.
De igual modo, el PSOE ha logrado sacar adelante su propuesta, con los votos de Podemos, que pide al Gobierno regional resolver este contrato en cuestión en caso de que la empresa no aplique el convenio estatal, y al central a derogar la Reforma Laboral.
Por último, el texto del PP, que ha visto la luz gracias a la abstención de los dos diputados de la formación morada, exigía al Ejecutivo autonómico garantizar las condiciones laborales de estos trabajadores y que no vean reducido en un 40 por ciento su salario.
