La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, ha pedido, en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, celebrado este miércoles en Madrid, «más lealtad al Gobierno de España en la reorganización del reparto de subvenciones para fines sociales con cargo al IRPF».
Aurelia Sánchez ha señalado que al Gobierno regional le «consta» que el Gobierno de España ha tenido reuniones con el Tercer Sector y «debería haberlas tenido con las comunidades autónomas, porque este es un tema muy importante», por lo que ha exigido «más lealtad y compromiso», según ha informado la Junta en nota de prensa.
Además, ha añadido que al Gobierno regional le «importan mucho todas las entidades del Tercer Sector que trabajan en la región», por eso va a «colaborar para que llegue como mínimo lo mismo que hasta ahora y no se va a permitir que la financiación llegue minorada por esta nueva forma de convocatoria».
La responsable de Bienestar Social ha anunciado que «ha conocido por terceros, no por el Gobierno de España» que en 2016 la financiación a entidades sociales con cargo al IRPF se situó en una horquilla de entre nueve y diez millones de euros, de los casi 240 que se repartieron por esta vía en toda España.
FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA
Por otro lado, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, la consejera ha pedido que se cumpla la Ley de Dependencia, que precisamente este año cumple el décimo aniversario de su entrada en vigor. «El Gobierno de España tiene que financiar, en la misma medida que las comunidades autónomas, el sistema de dependencia, porque es fundamental y un derecho de los ciudadanos que crea mucha riqueza social y económica en la región», ha añadido Aurelia Sánchez.
Por último, ha denunciado el efecto «demoledor» para el Sistema de Dependencia del Real Decreto-ley 20/2012 del Gobierno de España y el incremento del copago que conlleva. En nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha ha pedido al de España que «iguale su aportación a la del Gobierno regional».
Sánchez ha enumerado que «de 100 euros que cuesta la dependencia, un usuario pone 19, el Gobierno de España 18 y la comunidad autónoma 63», por tanto «le exigimos que ponga igual, sabemos que tiene que ser poco a poco, pero lo que ha propuesto de 100 millones de euros es insuficiente para llegar al objetivo que pone la Ley de Dependencia».
