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El Plan Integral de Garantías Ciudadanas inicia su tramitación recibiendo el visto bueno de la Comisión Regional de Vivienda

El Plan Integral de Garantías Ciudadanas inicia su tramitación recibiendo el visto bueno de la Comisión Regional de Vivienda

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado los trámites de participación y consulta de los agentes sociales y organizaciones del Plan Integral de Garantías Ciudadanas y lo ha hecho sometiéndolo al conocimiento y consideración de la Comisión Regional de Vivienda.

Esta Comisión, máximo órgano de consulta y participación a nivel autonómico en la materia habitacional, ha estado presidido por el director general de Vivienda y Urbanismo de la Consejería de Fomento, José Antonio Carrillo. En ella están representadas asociaciones empresariales y vecinales de Castilla-La Mancha, así como de diversos colegios profesionales, como el de Arquitectos y el de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación. También forman parte las Consejerías de Bienestar Social, Educación y Hacienda y Administraciones Públicas. Como invitado ha asistido el nuevo decano del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha, Luis Fernández-Bravo.

El director general de Vivienda y Urbanismo ha dado cuenta a la Comisión Regional de Vivienda de los principales contenidos del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, que permitirá que los castellano-manchegos tengan garantizada la vivienda, los suministros del hogar y la renta, bien a través del empleo o de un ingreso mínimo. En este sentido, Carrillo ha manifestado que se trata de un Plan «bandera» en la Comunidad Autónoma, con una vocación «integral e integradora» en el que ciudadano afectado por la crisis económica podrá encontrar el apoyo necesario para salir de esa situación.

El Plan se asienta sobre tres programas: el de garantía habitacional frente a situaciones de insolvencia sobrevenida, el de garantía de los suministros básicos del hogar y el de garantía de renta.

El programa de garantía de los suministros básicos del hogar comprenderá el plan de pobreza energética que se viene aplicando desde hace dos inviernos, y se servirá de la red regional de oficinas del consumidor para facilitar información y asesoramiento a las personas que lo necesiten. El programa de renta garantizada tiene por objeto propiciar un mercado de trabajo «inclusivo e incluyente», en el cual tienen cabida los planes de empleo y se intermediará con las empresas para favorecer la integración laboral de las personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo.

5 objetivos habitacionales

Finalmente, el programa de garantía habitacional, que ha sido objeto de una especial atención en esta sesión de la Comisión Regional de Vivienda, tiene por objeto procurar la satisfacción del derecho a la vivienda, tanto en su vertiente de acceso como en la de permanencia en ésta a favor de los ciudadanos de Castilla-La Mancha.

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Esta faceta del Plan Integral tiene cinco grandes objetivos. En primer lugar, evitar situaciones de riesgo de exclusión habitacional mediante el fomento y apoyo al arrendamiento de viviendas. Para este primer objetivo, el programa prevé varias medidas entre la que destaca la que se concreta en las ayudas al arrendamiento a la vivienda que regularmente convoca la Consejería de Fomento. El plazo de la actual convocatoria concluye el próximo 28 de febrero.

Como segundo objetivo, la puesta en valor de los recursos habitacionales públicos, integrándolos como un bien básico dentro de la figura de la renta garantizada. Para este objetivo la Consejería de Fomento viene articulando ya una serie de medidas entre las que destaca la regularización de las distintas situaciones que puedan darse en las viviendas del parque autonómico, así como la integración de éstas dentro de la renta garantizada que compone el Plan Integral.

En tercer lugar, el desarrollo de una Ley Integral de Vivienda, que tenga como principal objetivo procurar la efectividad del derecho de acceso a la vivienda y que se encuentra en fase de redacción. También garantizar el derecho de permanencia en la vivienda ante situaciones de insolvencia sobrevenida. En este cometido ocupan un papel prioritario las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, que han ido evolucionado desde su creación hasta convertirse en dependencias que recaban la atención y apoyo a nuevas situaciones de posible vulnerabilidad habitacional como las dificultades a la hora de afrontar las rentas de alquiler.

Y por último, garantizar la integración e interacción de las políticas sociales y de vivienda. En este sentido las medidas pasan por una decidida participación en las actuaciones de vivienda por parte de profesionales del ámbito social y de una interacción constante entre las políticas de Bienestar Social y de Vivienda. Igual interacción ha de procurarse en el ámbito del empleo, donde se potenciará la realización de actuaciones de mejora de los parques públicos de vivienda a través de las figuras de los planes y talleres de empleo que regularmente viene convocando el Gobierno regional.

Todos estos extremos han recibido el parecer favorable de la Comisión Regional de Vivienda, cuyos miembros no obstante podrán hacer aportaciones al texto del Plan Integral de Garantías Ciudadanas, al tratarse de un “documento vivo” que habrá de evolucionar a lo largo de su tramitación administrativa y hasta su desarrollo final. Una vez evaluados los resultados del Plan en su conjunto, culminará en una Ley que será debatida en las Cortes de Castilla-La Mancha.

En otro punto del orden del día de la sesión, se ha dado cuenta a la Comisión Regional de Vivienda del borrador de la nueva Orden de Bases de ayudas a la rehabilitación edificatoria en la que trabaja la Consejería de Fomento.

En el seno de la prórroga acordada el pasado diciembre del vigente Plan de Vivienda, esta Orden busca continuar con el éxito de la anterior convocatoria en la que se ha comprometido crédito para ayudas por importe superior a los 11 millones de euros en el conjunto de la región durante el ejercicio 2016.

La Federación de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha y el representante de los cinco Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación regional, José Antonio de la Vega García, han realizado en la sesión aportaciones a la nueva Orden de Bases, expresando este último su satisfacción por que esta nueva convocatoria recogiese la propuesta de incorporación de ayudas para la implantación de medidas de prevención de incendios en viviendas, dados los varios siniestros de este tipo que se han registrado este invierno, en particular en hogares habitados por personas de avanzada edad.

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