La Junta de Personal Funcionario de la Administración General de la Junta en Toledo ha recriminado «la exclusión» de educadores sociales en el protocolo de acoso escolar de la Junta puesto en marcha desde enero de este año en Institutos de Enseñanza Secundaria (IES), que externaliza este servicio a la entidad Amformad, y ha solicitado incrementar estas plazas e incluir esta figura en las plantillas educativas de los centros de la región, que cuentan actualmente con esta figura en 40 centros de los 227 que hay en total.
En concreto, los representantes de CCOO, STAS y CSIF en este ámbito, Juan Bautista, Gustavo Fabra y Roberto Rincón, respectivamente, han denunciado que en un IES de una localidad de Toledo, que no han querido nombrar para preservar la identidad del menor acosado, se ha excluido al educador social del centro del seguimiento de este caso, que ahora gestiona la mencionada entidad gracias también con «el trabajo en la sombra» que hace dicho educador social, quien se encuadra como funcionario A2 dentro la escala sociosanitaria.
Se trata de un protocolo que, en opinión de Bautista, se ha aplicado de «forma escandalosa», ya que «se habla de una coordinación entre Educación y Bienestar Social» para abordar este tipo de casos y «se ha excluido al educador social» que realizaba el seguimiento de este «grave caso», trasladado por el equipo directivo del centro a la Inspección Educativa con el propósito de poner en marcha este protocolo de acción conjunta ideado por la Junta.
«Nos resulta paradójico que los profesionales que están abordando estas situaciones en los centros, que lo hacen de forma natural cuando alguien plantea problemas de convivencia en el centro escolar, quede excluido al formarse la comisión reglamentaria para seguir el caso», ha explicado el representante de CCOO, que ha puntualizado que entiende que es excluido porque «se hace una composición docente con un criterio un tanto garantista».
«MÁS PREOCUPADA POR SEGURIDAD JURÍDICA QUE POR ATENDER A MENORES»
«Eso indica que la Consejería está preocupada por proteger la seguridad jurídica de sus profesionales por encima de la intervención con las situaciones de menores que necesitan una atención», ha señalado Bautista, que apunta que de esta manera se produce «una situación muy contradictoria» y que «quizá se omite la figura del educador social pensando que como no está en todos los centros pues habría que regularla para todos».
En este sentido, los representantes sindicales de la Junta de Personal han coincidido en que hubiera sido «tan fácil como incluir una coletilla que indique la participación del educador social allá donde esté integrado en el equipo» en el reglamento del protocolo de acoso escolar.
Otro de los ejemplos que ha puesto en este ámbito Bautista hace referencia a otro caso de acoso escolar en el IES de otra localidad toledana sobre el que el equipo directivo ha decidido «omitir la denuncia ante la inspección educativa de forma que no les impida que el educador social de este centro realice el seguimiento de este caso», el cual «ha sido denunciado ante la Consejería de Educación».
«SOLO CUANDO HAY VÍCTIMAS»
Por todo ello, Bautista ha abogado «el abordaje natural» en la convivencia de los centros escolares para evitar «atender solo cuando hay víctimas a través de agentes externos». «Atendemos donde hay incendios y no se vigila el bosque», ha expuesto como metáfora a esta situación el representante de CCOO, que ha puntualizado que con la externalización del servicio se aboga por «atender solo cuando hay víctimas».
Por su parte, Gustavo Fabra ha criticado «el modelo de externalización por norma» en el que asegura que la Junta está aplicando sus actuaciones en los servicios públicos. «Vemos muy grave que los empleados públicos se queden sin funciones. Nunca que implantan una medida lo hacen con personal propio», ha incidido.
«Exigimos que cambien el planteamiento de los servicios públicos, que se coordinen con el personal que trabaja para poner en marcha el protocolo de acoso escolar, quienes están en el día a día, y que se integren entre el personal docente para que su opinión sea tenida en cuenta en la comunidad educativa», ha aseverado Fabra.
«Vienen desde fuera, un agente externo que se tiene que enterar de lo que pasa, que no lo ha vivido y tiene unas condiciones laborales mucho más bajas. Si ese es el modelo que el PSOE quiere aplicar en Castilla-La Mancha para un problema como es el acoso escolar, ¿qué tipo de Gobierno es este que cede la protección de menores a manos ajenas en vez de asumirlas con las suyas propias?», ha reflexionado el representante de STAS.
