El sindicado CCOO ha interpuesto ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales un recurso especial en materia de contratación contra la resolución de la Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) por la que se anuncia licitación del procedimiento abierto para la contratación de la gestión de servicio público de transporte sanitario terrestre en Castilla-La Mancha. Además, ha anunciado que este jueves, día 12, se concentrará ante la sede del Sescam en Toledo para pedir «la paralización y rectificación» del mismo.
En rueda de prensa, el secretario general de CCOO en la región, José Luis Gil, la secretaria de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO en la región, Carmen López, y el secretario regional de Acción Sindical de esta federación, José María Sanz, han solicitado además una reunión «urgente» con el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, para «reconducir la situación y que este despropósito no se lleva a cabo».
CCOO, según ha informado en nota de prensa, considera que la resolución que anuncia la licitación y los pliegos de condiciones del procedimiento abierto para la contratación de la gestión del transporte sanitario son «gravamente lesivos a los derechos laborales e intereses de los trabajadores» ya que «no recoge la plantilla actual, que es de 1.580 personas».
«Ya fue vapuleada y recortada –la plantilla– por el Gobierno presidido por María Dolores de Cospedal», ha manifestado Gil, que ha explicado que el nuevo pliego recoge la exigencia de un mínimo de «1.385 trabajadores» de modo que, a su juicio, prevé «una destrucción de al menos 200 empleos».
«Hasta el 1 de febrero hay plazo para que el proceso se pueda revertir y se hagan unos nuevos pliegos de condiciones para la adjudicación del concurso, que no supongan pérdida de derechos ni abran la puerta a futuros despidos», ha subrayado el líder sindical.
Ante esta situación, CCOO ha anunciado que este jueves 12 de diciembre se va a concentrar ante la sede del Sescam en Toledo y va a presentar este recurso con la intención de que el citado Tribunal «declare la nulidad o en su caso la anulación de la citada Resolución y adopte la medida provisional consistente en la suspensión del acto recurrido y del procedimiento de adjudicación del contraro hasta la resolución del presente recurso».
VICIOS DEL ANTERIOR GOBIERNO
Gil ha remarcado la preocupación del sindicato porque «el Gobierno actual repite los vicios que el Ejecutivo anterior cometió con los trabajadores del transporte sanitario y con las personas usuarias de este servicio público esencial».
En este sentido, ha denunciado que para adjudicar el servicio, «se sigue primando la oferta económica más baja», lo que «bendice los recortes del Ejecutivo de Cospedal», ha agregado Gil, que ha recordado que el anterior Ejecutivo redujo de los 1.911 trabajadores que había en este sector en 2008 a los 1.586 empleados.
Además, ha añadido el líder regional de CCOO, «viene a corroborar que lo que se hizo en 2012 con un convenio colectivo que supuso una rebaja salarial del 16 por ciento» que CCOO no firmó e impugnó, pero que está vigente.
Además, hay «otro elemento singular que pone de manifiesto que los discursos van por un lado y los hechos por otro, con el pliego cabe la posibilidad de que en este servicio se contrate a personas por una jornada de 21 horas y esto no se puede consentir», ha denunciado Gil.
«Tal y como están planteados, los pliegos de condiciones atentan a la razón, y si este Gobierno no es como el anterior, y no lo es, no puede actuar como el anterior», ha apostillado Gil.
Por su parte, la secretaria regional de la FSC ha recordado que hay sentencias en la comunidad autónoma y en otras regiones que reconocen el transporte sanitario como «propia actividad» de los correspondientes servicios públicos de salud, declarándose la «responsabilidad solidaria» de éstos por los incumplimientos de las obligaciones empresariales.
«No queremos estar como en los últimos cuatro años, en los que el sector del transporte sanitario ha estado judicializado con innumerables sentencias de vulneración de derechos fundamentales, y con conflictividad laboral. El camino es que se rectifiquen los pliegos y que no se destruya ni se precarice el empleo», ha apuntado López.
