El Gobierno de Castilla-La Mancha, como se viene realizando desde el inicio de la legislatura, ha acordado interponer un nuevo recurso contra el trasvase de 15 hectómetros cúbicos de agua autorizado el pasado mes de abril por el Gobierno de Mariano Rajoy, el último aprobado hasta la fecha y en el número 22 en lo que va de legislatura, «a diferencia de la inacción, pasividad y entreguismo que caracterizó al Gobierno de Cospedal».
Así lo ha asegurado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno regional Nacho Hernando, quien ha señalado que la Junta hace así uso de todas las herramientas que tiene a su alcance para frenar el «saqueo» que vienen sufriendo los embalses de Entrepeñas y Buendía y que han convertido al río Tajo en un río «prácticamente muerto y contaminado» a su paso por localidades como Talavera o Toledo.
«Una situación que nos sitúa ante la paradoja de que, en menos de dos años, «el agua trasvasada es mayor que la que en este momento almacenan los embalses de cabecera», ha lamentado.
En esta ocasión, el Ejecutivo autonómico considera que la derivación aprobada el pasado mes de abril es «manifiestamente ilegal» ya que incumplió las Reglas del Explotación del Trasvase Tajo-Segura al no descontar los 118 hectómetros cúbicos de lodo y barro, lo que viene a denominarse como «embalse muerto» o «no utilizable», que habrían situado el volumen de existencias efectivas en 281,6 hectómetros cúbicos, «casi la mitad del valor por debajo del cual no es legal trasvasar», ha aseverado.
Ante esta situación, Hernando ha vuelto a reclamar al Gobierno de España el «trasvase cero» de aquí en adelante, que se cumplan los caudales ecológicos y que las desaladoras funcionen a pleno rendimiento porque como demuestra la reciente autorización de 21 hectómetros cúbicos de agua desde la desaladora de Torrevieja, «son una opción real, viable y absolutamente necesaria dada la situación actual de los embalses de cabecera del Tajo, son una parte de la solución y debemos apostar por ellas como conjunto de país».
Asimismo, ha reiterado la petición del Ejecutivo para formar parte de los órganos de decisión y la «urgencia» de alcanzar un pacto nacional en materia de agua como solución «definitiva, integral e integradora» a este problema.
