El Gobierno regional ha encargado a la Fundación Artemisan –que promueve la comunicación y la investigación de la caza en España– la elaboración de un estudio específico, del que dispondrá en lo que resta de año, para conocer con exactitud los datos del sector cinégetico en la región, que en la actualidad no existen, a fin de poder conocer la realidad del sector y poder adoptar las decisiones «con conocimiento de causa».
El consejero, que ha explicado que el coste de estudio, que será de 21.000 euros, es «inferior al de un contrato menor», ha añadido que lo va a hacer esta fundación, de reciente creación, pues de este modo el Ejecutivo autonómico hace efectivo «el apoyo expreso que le comprometió» en el momento de su creación –a finales de 2016–.
«Es la entidad que mejor puede hacer ese trabajo. No es fácil resolver esta cuestión, hay elementos de difícil compresión para determinar la facturación y el empleo que genera la caza en la región», ha precisado Martínez, que ha incidido en que a pesar de tener «un pequeño coste tiene un valor importante» porque no hay información a este respecto ni en la región, ni en el resto de España.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha realizado estas manifestaciones, en rueda de prensa, al término del debate general que se ha sustanciado en el pleno de las Cortes sobre actividad cinegética, a propuesta del PP, donde ha vuelto a asegurar que el Consejo de Gobierno está a punto de remitir el proyecto de modificación de la actual ley de caza al Parlamento autonómico, a falta de los «últimos flecos administrativos», un texto que goza con el «consenso» del sector con el que mantiene «excelente interlocución».
De ahí que haya mostrado «mano tendida» a los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo que beneficie los castellano-manchegos, pidiéndoles un debate «constructivo con criterios y argumentos, pensando en la gente que se dedica a la caza y en la que quiere disfrutar del medio rural».
«Eso se puede hacer evitando discursos antagónicos» pues «se tira de recursos fáciles de épocas pasadas, que distan de la realidad actual», ha dicho el consejero, que ha añadido no compartir la «visión apocalíptica» que de la caza tiene Podemos, pues es una actividad importante en la región y el Gobierno y las Cortes «tienen obligación de legislar bien».
Para ello, ha defendido, hay que cambiar «radicalmente» la ley, que aprobó de forma unilateral el Gobierno del PP, pues esta norma ha generado muchos problemas en la gestión, siendo los cazadores los que más demandan esa modificación.
En la revisión que el Gobierno regional va a llevar a las Cortes, el consejero ha reiterado que se prioriza la caza social, que elimino María Dolores de Cospedal, se elimina el tiro al pichón y a la codorniz, el lanceo de jabalí y los cotos intensivos de caza mayor en zonas protegidas, entre otras cuestiones. También eximirá del pago de las tasas por licencia de caza a los jubilados de la región, algo que también eliminó el anterior Gobierno del PP.
Por último, ha avanzado que el Consejo de Gobierno tomará en conocimiento en próximas semanas la ley Bienestar Animal, a fin de que sendas leyes vean la luz a la vez, «porque mejoran las condiciones de la actividad cinegética».
PODEMOS: LA DE C-LM, UNA DE LAS PEORES NORMAS
El portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, David Llorente, ha reprochado al Ejecutivo de Emiliano García-Page que «tenga contento al PP» por mantener en vigor su Ley de Caza «una de las peores que hay en España pues además de vulnerar diversas normativas europeas y leyes de protección especial limita el acceso al medio natural a la inmensa mayoría de población.»
«Es triste que este Gobierno, que se comprometió a reformar la ley, no la haya presentado aún, dos años después», ha dicho LLorente, que además ha criticado que la modificación del Ejecutivo socialista sea «leve» y transija con el modelo intensivo de caza de Cospedal, que «es la más antisocial, insostenible, cruel contra los animales y antisocial que se somete a los interés del lobby cinegético».
Luego de asegurar que la modificación de la norma en la que trabaja el Ejecutivo regional «no gusta ni a unos ni a otros», y que por ello desde su formación abogan por derogarla y no llevar a cabo una reforma «superficial», ha avanzado que, en la línea de lo que reclama la Plataforma contra ley de Caza de Castilla-La Mancha –que aglutina a medio centenar de asociaciones– Podemos va introducir al nuevo texto alegaciones, en el trámite parlamentario, que pasan, entre otras cuestiones, por incrementar las inspecciones de alcohol y drogas a los cazadores, subir la edad mínima a la mayoría de edad para poder cazar, prohibir los reclamaos y cebaderos para fomentar de forma artificial las poblaciones de caza.
De igual modo aboga por acabar con la caza de animales asilvestrados, impedir la caza intensiva en los espacios de la Red Natura 2000, prohibir el uso de la munición de plomo o adecuar los vallados de los cotos, ha explicado LLorente, que ha lamentado que la caza, en la región, haya dejado de ser un medio de subsistencia para convertirse en una actividad comercial y ocio basada en la posibilidad de divertirse de «una minoría».
Ha tildado de «falaz» la idea de que caza contribuye a proteger al medio natural, pues la caza intensiva y comercial genera graves desequilibrios en los ecosistemas, no favorece el control de las poblaciones cinegéticas y si genera daños y desequilibrios, al tiempo que perjudica al turismo rural y de naturaleza, que son los más rentables en términos económicos, «al contrario de lo que predica el sector cinegético».
El portavoz de la formación morada ha concluido alertando del elevado número de accidentes de caza que se registran en la región, donde se dan el 30 por ciento de los siniestros nacionales. «No es proporcional ni con superficie ni con licencias que hay en región y están amparados con modelos de explotación en la región», ha dicho.
C-LM YA NO ES LA TIERRA DE LOS SANTOS INOCENTES
De su lado, el diputado del Grupo Parlamentario Socialista Emilio Sáez, que ha advertido que «esta tierra no es ni la de ‘Los Santos Inocentes’ ni el centro urbanita de Madrid», ha pedido a los grupos «romper estereotipos, porque una actividad cinegética «bien gestionada» genera riqueza y empleo y contribuye a fijar la población en el medio rural.
Luego de defender que la nueva norma recupera los cotos sociales, ha puesto en valor que el texto cuenta de un gran consenso entre sectores implicados y «no se va a precisar de recoger de firmas en su contra», como ocurrió con la de Cospedal.
LA CONTRADICCIÓN DE PAGE
De su lado, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Francisco Núñez, ha afeado al Gobierno regional que su «entreguismo» a Podemos, que no conoce la realidad de los pueblos de la región «porque no ha pisado un pueblo en su vida, le hace estar lejos de la realidad de esta situación».
Esa «ambigüedad», ha dicho, le ha impedido modificar en dos años la Ley de Caza del anterior Ejecutivo, que atiende a las demandas del sector, contento con la actual norma, pues le permite llevar a cabo esta actividad social y tiene cobertura y garantía jurídica.
Luego de insistir en que la caza es totalmente compatible con el medio rural y afianza la población en el medio rural, le ha dicho al presidente regional que «lo mejor que puede hacer es dejar la ley como está», de ahí que los ‘populares’ hayan presentado una propuesta de resolución, rechazada por el PSOE y Podemos, instando al Gobierno regional a que no modifique la actual norma sin el consenso del sector.
