La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha modificado la Orden por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a inversiones en transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas y al fomento de la calidad agroalimentaria (Focal 2014-2020) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, estableciendo un nuevo sistema de cálculo y reparto de ayuda.
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) publica este lunes la nueva Orden con las modificaciones que afectan a estas ayudas, que recoge Europa Press, en la que el departamento que dirige Francisco Martínez explica que, teniendo en cuenta el PDR y las Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020, resulta necesario introducir ciertos cambios en la norma con el fin de precisar aspectos relativos a las definiciones, moderación de los costes, compatibilidad de ayudas y procedimiento.
Asimismo, dice la Consejería del ramo, en cumplimiento de los principios que inspiran el derecho comunitario en materia de compatibilidad con el mercado interior, es necesario completar las solicitudes de ayuda con información para acreditar el efecto incentivador y el carácter necesario de las ayudas aquí reguladas, así como garantizar que la ayuda se limita al mínimo necesario para aquellos solicitantes calificados como grandes empresas.
Con el fin de plantear una concurrencia competitiva en igualdad de condiciones, y optimizar la utilización de la ayuda, se establece un nuevo sistema de cálculo y reparto de ayuda, se añaden criterios de valoración y se requiere de una puntuación mínima de valoración para convertirse en posible beneficiario.
Asimismo, se modifican las intensidades máximas de ayuda debido a la Decisión de la Comisión de modificar el Mapa Regional de Ayudas de Estado para España y se introduce la figura de las Entidades asociativas prioritarias de interés regional (Eapir).
De igual modo, la Consejería de Agricultura ha indicado que la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas de 2015 obliga a realizar ciertos cambios en lo que a procedimiento se refiere.
