La Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete ha anunciado que los servicios jurídicos de la Consejería están estudiando emprender medidas legales contra la decisión tomada por el Gobierno central para extraer agua de los pozos de sequía de Hellín, en la cuenca del Segura.
Según ha indicado su responsable, Manuel Miranda, los técnicos medioambientales han visitado la zona afectada por los sondeos y se ha comprobado que ya hay cuatro en funcionamiento, por lo que «han levantado acta de la situación y la correspondiente denuncia».
Dicho informe –que especifica entre otros aspectos los sondeos que están vertiendo agua, su ubicación exacta y su funcionamiento a través de grupos electrógenos–, ha sido trasladado también a la Dirección General del Agua, dependiente la Consejería de Fomento, para que «estudie también de qué manera actuar judicialmente» ante la «especial gravedad» del asunto.
«Consideramos que es un atropello que los recursos subterráneos de la provincia se utilicen con este fin porque aquí también estamos en sequía», ha señalado.
Miranda también ha confirmado que ya se ha solicitado una nueva reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura para trasladarle su «descontento y total desacuerdo con esta actuación», que esquilma los recursos de la zona y afecta a los regantes del sureste de la provincia, ya que «se va a extraer más del doble del agua disponible, según la evaluación de impacto ambiental realizada por el propio Ministerio», ha finalizado.
Esta situación viene dada tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de las obras de emergencia en los pozos de sequía de Hellín para su explotación por los regantes de Cartagena, por un importe de 1,2 millones de euros, para desviar 9,9 hectómetros cúbicos de agua desde el acuífero Mingogil-Villarones hasta la Región de Murcia.
