La Asociación de Municipios Ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía condena el último trasvase de 10 hectómetros cúbicos aprobado para este mes de febrero y lo considera «un acto de chulería, indecente e intolerable» del Gobierno de España hacia el Tajo y los ribereños.
«Al mismo tiempo que los eurodiputados del Parlamento Europeo constataban a pie de orilla que el río Tajo está siendo víctima de un despiadado saqueo por parte de las autoridades españolas, la ministra Tejerina daba el visto bueno a un nuevo trasvase, ilegal como los anteriores, hacia el Levante», indican en nota de prensa.
Bajo su punto de vista, el Gobierno de España «ha dejado muy claro con la aprobación de este último trasvase que, todo lo que exceda de 336 hectómetros cúbicos de agua almacenada en la cabecera del Tajo es agua sobrante; agua que se va a trasvasar al Levante, aunque en la mayor parte de los casos los embalses del Segura almacenen más agua que Entrepeñas y Buendía».
«El Gobierno está aplicando con mano muy dura el Memorándum del Tajo-Segura que pactaron en el año 2013 los dirigentes del PP de Murcia, Valencia, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha, junto con el Ministro Arias Cañete. Esta confabulación nos ha llevado a una situación insostenible: ha esquilmado los embalses de cabecera y, con ello, ha dejado también sin agua a los regantes levantinos», argumentan.
Por ello, ha exigido al Gobierno que derogue el Memorándum y convoque a las comunidades ribereñas del Tajo para trabajar en la recuperación del río «antes de que muera definitivamente». «Exigimos también al Gobierno que pare los trasvases hasta que los embalses se hayan recuperado y vuelvan a ser embalses vivos».
«Si el Gobierno no está en funciones para aprobar trasvases, tampoco debería estarlo para trabajar en la búsqueda de soluciones. En cuanto a los regantes del Levante, más les valdría que dejaran de mirar al Tajo como solución a sus problemas, porque no lo es. Deberían empezar de una vez por todas a hacer sus deberes: utilizar sus recursos hídricos, como son sus propios acuíferos y las aguas desaladas del mar Mediterráneo», afirman.
Del mismo modo, ha exigido al Ejecutivo central que acabe «de forma inmediata» las obras de abastecimiento a los municipios ribereños, «que llevan más de un año de retraso y al ritmo que van todavía tardarán varios años en concluir». «Es inadmisible el trato discriminatorio que la comarca ribereña recibe del Gobierno, mientras atiende sin rechistar todos los caprichos de los regantes del trasvase».
