Un total de 602 familias han recibido ya las ayudas del Plan Regional contra la Pobreza Energética, según los datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social y que esta mañana ha dado a conocer el portavoz del Ejecutivo autonómico Nacho Hernando.
Hasta el momento, los servicios sociales de las direcciones provinciales han propuesto la tramitación de 1.705 ayudas, de las que 762 ya han sido comunicadas a Cruz Roja y a la persona interesada, habiendo sido abonadas ya un total de 602, de las que 347 se han efectuado en apenas diez días.
Por provincias, ha detallado el portavoz regional, la mayor parte de estas ayudas se han concedido en la provincia de Toledo con 153, seguida de Ciudad Real con 149, Albacete y Guadalajara con 102 cada una, y Cuenca con 96.
En cuanto a la paralización de procesos de corte de suministro energético gracias a los convenios firmados con Iberdrola y Gas Natural Fenosa, distintas compañías eléctricas, Hernando ha señalado que se ha evitado que 22 familias se queden sin este servicio y que a una más se le haya repuesto.
Nacho Hernando ha explicado que el objetivo de esta medida es “impedir cortes de luz y calefacción a quienes sufren una situación de pobreza severa en un contexto extraordinario de crisis económica”, otorgando para ello una ayuda de 150 euros a aquellas unidades familiares con hijos menores de 16 años.
Las ayudas, ha recordado, se gestionan a través de Cruz Roja previo informe de los técnicos de servicios sociales de las direcciones provinciales de Bienestar Social, que son los encargados de estimar las familias que podrían cumplir con los requisitos necesarios para recibir esta ayuda, basándose en aquellas que ya han solicitado otras ayudas sociales, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad o una ayuda de emergencia social.
Además de las ayudas económicas y de la firma de convenios con empresas eléctricas el Plan Regional contra la Pobreza Energética incluye también el asesoramiento a las familias en materia de eficiencia energética y la creación de una comisión de seguimiento del convenio con representantes de ambas partes.
Reducción de trámites para la instalación de empresas
Nacho Hernando ha ofrecido estos datos en la habitual rueda de prensa para dar a conocer de los acuerdos del Consejo de Gobierno, que también fue informado de la modificación de la Orden de 31/03/2003 que establece los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico, una vez que ha recibido el informe favorable de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
“La medida busca favorecer la implantación de nuevas industrias, así como la ampliación de las ya asentadas en el medio rural de la región, adaptando dicha orden a los cambios normativos y sociales que se han producido en Castilla-La Mancha desde su aprobación en 2003, y atendiendo además una petición formulada por pequeños municipios y empresarios de la región”, ha asegurado.
Gracias a esta modificación, aquellas actividades que deseen instalarse en suelo rústico y que no supongan ninguna afección al medio ambiente, quedarán exentas de los requisitos que la normativa establece en cuanto a parcela mínima y ocupación máxima, siempre que se justifique su necesidad de emplazamiento en este medio, el adecuado respeto al mismo en términos medioambientales y la generación de empleo en la zona.
La medida beneficiará a las obras, construcciones e instalaciones adscritas al sector primario y, como novedad, a las adscritas también a usos industriales, terciarios y dotaciones de titularidad privada, como actividades extractivas y mineras, establecimientos comerciales y tiendas de artesanía, establecimientos hoteleros y hosteleros, establecimientos de turismo rural, campings o centros deportivos, recreativos y de ocio, entre otras.
Los proyectos que pudieran salir adelante gracias a esta nueva disposición deberán obtener permiso de la Consejería de Fomento, competente en la materia, y de su aprobación en la correspondiente comisión urbanística.
Se trata, por tanto, ha subrayado el portavoz del Gobierno regional, de una iniciativa que busca “flexibilizar y agilizar los trámites urbanísticos precisos para la implantación de nuevas industrias en entornos rurales, facilitando la generación de empleo en estas zonas”.
