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jueves, 26 diciembre
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Los contratos para jóvenes dentro del Plan de Empleo de C-LM alcanzan los 576 desde su puesta en marcha

Consejo gobierno 1301

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido informado de los últimos datos de la Iniciativa Contrato Joven incluida en el Plan Extraordinario por el Empleo en este inicio de 2016, que demuestran el gran ritmo de esta importante medida para la lucha contra el paro juvenil.

Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno celebrado ayer y en la que ha señalado que los contratos de jóvenes realizados por empresas de la región desde la puesta en marcha de este plan, hace apenas tres meses, ascienden a día de hoy a 576.

Nacho Hernando ha asegurado que estos datos demuestran que la apuesta del presidente García-Page por dar una oportunidad a los jóvenes es clara ya que “no vamos a permitir que haya una generación perdida, trabajamos por y para una generación formada, esperanzada y emancipada que recupere el derecho de echar raíces en su tierra”.

Los contratos que mayor acogida están teniendo por parte de los empresarios son los de Formación y Aprendizaje con un total de 456. Le siguen los de Práctica Joven o Contrato-Puente, con 68, y los relacionados con la transformación en indefinidos con 52.

Por provincias, encabeza la lista Albacete con 213 contratos, seguida de Toledo con 136, Ciudad Real con 131, Cuenca con tan solo 84 y Guadalajara, con apenas 12.

Defensa de los intereses hídricos de la región

Hernando ha anunciado también que el Ejecutivo regional interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Gobierno de España de autorizar varios contratos de cesión de derechos entre las comunidades de regantes de Estremera y La Poveda, en la Comunidad de Madrid, y 22 comunidades de regantes integradas en el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS).

El portavoz ha detallado los cinco argumentos jurídicos que para el Gobierno regional avalan este recurso, entre ellos una improcedencia en la cesión de derechos ya que, según ha dicho, “resulta injustificable que por un lado se diga que es necesario invertir dinero público para que el riego sea eficaz y, a su vez, argumentar que no es necesario y que se puede ceder el agua que se iba a destinar a la zona”.

El Gobierno regional considera asimismo que dicha cesión vulnera el principio de la cuenca cedente, ya que ignora la Ley del Plan Hidrológico Nacional que indica que debe garantizarse en todo momento el carácter preferente de la cuenca del Tajo, además de vulnerar también el derecho de adquisición preferente del organismo de cuenca, ya que en el expediente no consta que se haya dado traslado a la Consejería de Fomento de dicha solicitud de cesión, “cercenando así la posibilidad del Gobierno para solicitarlo y velar por los intereses de la región, produciéndose una situación manifiesta de indefensión”.

Hernando ha asegurado además que se produce una omisión de la solicitud de informe o dictamen preceptivo a esta administración, pudiendo dar lugar a la anulabilidad de las actuaciones dado su carácter no convalidante, como ha ocurrido en otras tres ocasiones con sentencias favorables a la posición del Gobierno regional en el Tribunal Supremo.

El portavoz ha añadido por último que se ha incurrido en un exceso de volumen autorizado. La Ley y el Reglamento determinan los criterios cuantitativos del volumen que podría ser susceptible de cesión, siendo el volumen máximo de un total de 3,692 hectómetros cúbicos, mientras que lo realmente cedido fue de 13,260 hectómetros; es decir, cuatro veces más, pudiendo así concluir que el volumen cedido autorizado es improcedente por exceso.

Nacho Hernando ha señalado que con esta decisión “el Gobierno de Castilla-La Mancha vuelve a estar al lado de los intereses de esta región en materia hídrica”, y ha confiado en que se ponga fin a una actuación que no se considera ajustada a la legislación vigente y que resulta lesiva para nuestra región y en particular para los regantes de la provincia de Albacete, los más perjudicados “por este mercadeo de derechos que solamente beneficia aquellos que tienen un mayor poder adquisitivo y no a los profesionales y a los agricultores”.

Ayudas a la regeneración de espacios urbanos

En otro orden de asuntos, el Consejo de Gobierno ha aprobado también la orden que regula la concesión de ayudas del Programa de Regeneración y Renovación de Áreas Urbanas.

En total se invertirán tres millones de euros (2,5 corresponderán a 2016 y 500.000 a 2017), permitiendo impulsar una inyección al sector de la construcción y mejorar la estética de nuestros municipios.

Según el portavoz del Ejecutivo regional, podrán beneficiarse de estas actuaciones de rehabilitación, destinadas a comunidades de propietarios y ayuntamientos, alrededor de 400 viviendas ubicadas en áreas urbanas degradadas.

La cuantía de las ayudas, que podrán presentarse a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades hasta el próximo 31 de octubre, no podrá superar el 50 por ciento del coste subvencionable de la actuación.

Subvenciones a asociaciones y entidades sociosanitarias

Nacho Hernando también ha anunciado que el Gobierno regional ha dado luz verde a la convocatoria de subvenciones a asociaciones y prestaciones de servicios en materia de socio-sanitaria por un importe cercano a 1,6 millones de euros.

Serán objeto de estas subvenciones los programas o servicios destinados a programas de cuidados asistenciales y/o rehabilitadores, programas de integración sociolaboral, programas de promoción, prevención de la enfermedad, información, asesoramiento, sensibilización y divulgación, así como los programas de formación, calidad asistencial y participación social.

El importe máximo individualizado de la subvención que puede otorgarse no excederá de 60.000 euros y, según ha detallado el portavoz regional, podrán acogerse a esta orden las asociaciones de pacientes y familiares privadas sin ánimo de lucro que gestionen programas o centros destinados a la atención con diferentes patologías.

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